Definen futuro de causa contra asambleístas de Gualeguaychú

Se trata de unos diez asambleístas de Gualeguaychú quienes fueron denunciados por el Gobierno Nacional en 2010 por cortar la ruta 136 que une con el Uruguay, en pleno conflicto por la instalación de la papelera Botnia. Es inminente un fallo de Casación que deberá resolver si prosigue o no la causa, y luego que las defensas solicitara el sobreseimiento definitivo.

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal definirá en las próximas horas si continúa la causa penal contra diez asambleístas de Gualeguaychú denunciados por el Gobierno Nacional, a raíz de el corte que ya lleva más de tres años bloqueando el paso fronterizo con Uruguay, en protesta por la instalación de la papelera Botnia.

Se trata de una causa que había impulsado el entonces Procurador Joaquín Da Rocha, quienes acusó a los asambleístas que cortaban la ruta internacional Nº 136 por los delitos de homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del funcionamiento de los transportes, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad.

Los asambleístas denunciados son Jorge Fritzler, Ana Costa, Víctor Limba, Sira Muñoz, Alejandra Crimella, Cristina Limba, Juan Ferrari, Paola Robles, Osvaldo Fernández y José Gómez.

El inicio de la causa fue en pleno conflicto por la instalación de la papelera y el riesgo de contaminación que genera el funcionamiento de la planta ubicada frente al Río Uurugay.

Los abogados defensores pidieron días atrás ante la Sala III que los asambleístas fuesen sobreseídos definitivamente, y en consecuencia la extinción de la acción penal.

En 2010, el juez federal de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel había rechazado la imputación contra las diez personas, y luego la Cámara Federal de Paraná determinó que no fuesen indagados, tras lo cual la causa llegó a Casación por un recurso del fiscal Ricardo Álvarez.

Días atrás, en Comodoro Py, se realizó una audiencia en la que asistieron los asambleístas y pidieron ser sobreseídos ante los jueces Liliana Catucci, Gustavo Mitchell y Eduardo Riggi. En la audiencia, no estuvieron ni el fiscal Álvarez, ni su par de Casación Juan Martín Romero Victorica.

Ahora, es inminente un fallo de Casación que definirá el futuro de la causa iniciada tras la denuncia del Gobierno Nacional.

Se retoma el caso Schoklender a fuego lento

La investigación contra los hermanos Schoklender por el uso irregular de fondos de las Madres de Plaza de Mayo retoma su trámite este lunes, luego que la causa no estuviese habilitada durante los quince días de feria judicial. Ese día, los abogados empezarán a tomar vista del expediente. En tanto, pedidos de indagatorias se esperan no para esta semana sino para más adelante.


El lunes se retoma la investigación contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender aunque durante los primeros días no se esperan grandes novedades en la causa sino que eso será para más adelante y es por ello que la fiscalía trabajará en el diseño de un escrito con el cual solicitará las indagatorias.

Luego de 15 días de inactividad en la causa, ya que no fue habilitada para tramitar durnate la feria chica, los abogados de las distintas partes tienen previsto esta semana empezar a tomar vista del expediente, puesto que desde el inicio la investigación estuvo bajo secreto de sumario tal cual lo decidió el juez Norberto Oyarbide.

Por otra parte, el fiscal tiene previsto esta semana acompañar un escrito en el que se pidan nuevas medidas de prueba, las cuales podrían incluir algún pedido de declaración testimonial, aunque está descartado que en estos primeros días solicite alguna indagatoria.

No obstante, el fiscal Di Lello comenzará a trabajar en lo inmediato en el escrito mediante el cual solicitará más adelante varias indagatorias que inlcuyen especialmente al núcleo de las personas que manejaban los fondos de la Fundación de las Madres, entre ellos los Schoklender.

También, el fiscal tiene previsto convocar a una audiencia en la que esté presente la defensa de Sergio Schoklender para certificar los documentos que el ex apoderado presentó varios meses atrás agrupadas en ocho cajas, las cuales no fueron abiertas hasta el momento en virtud de que la causa estaba bajo secreto de sumario. Sin embargo, aún no hay fecha para esa diligencia.

Muchos de los abogados defensores se tomaron estos 15 días de feria a pleno, porque saben que apenas unos días de iniciada la actividad en los Tribunales federales de Comodoro Py les esperan jornadas movidas y de mucho trabajo. Aunque en la primera semana seguramente puedan seguir disfrutando de la resaca de las vacaciones.

A Picolotti la salvan los viajes

 

La ex titular de Medio Ambiente fue citada para ampliar su declaración indagatoria en los últimos días, en una causa por presunta malversación de fondos públicos destinados a planes ambientales, pero su abogado comunicó que estaba en el exterior. La audiencia la tratarán de concretar en agosto.

 

 

Romina Picolotti está de viaje por Canadá y con o sin intención obligó a que la Justicia postergue una citación que tenía pensada para estos últimos días, en la causa que más la compromete tras su paso por el gobierno kirchnerista.

 

Se trata de una causa que tiene en sus manos María Servini de Cubría y en la cual ya indagó semanas atrás a la ex funcionaria, pero en esa oportunidad Picolotti sólo presentó un escrito, y la jueza quedó con dudas que preveía despejar con esta nueva citación.

 

Pero el abogado de la ex funcionaria comentó que ella se encuentra de viaje por Canadá y así, obligó a que la jueza postergue la citación para luego del receso judicial de julio.

 

Picolotti, secretaria de Medio Ambiente entre julio de 2006 a fines de 2008, está acusada por malversación de fondos públicos, así como de gastar dinero público en regalos y artículos de panadería.

 

No es la primera vez que Picolotti zafa de una citación judicial por estar de viaje en el exterior. Cuando fue convocada a hacerlo en diciembre del año pasado, la ex funcionaria estaba participando de un congreso ambientalista en Copenhague, Dinamarca.

En agosto se conocerá el veredicto contra Menem por la venta ilegal de armas

Antes que el juicio llegue a los tres años de duración en octubre de este año, el Tribunal prevé dictar veredicto contra Menem y otras 17 personas por la supuesta venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Las fechas que evalúan son para mediados de agosto, tras la feria judicial de invierno. La fiscalía pide penas de ocho años de cárcel para el ex presidente. 


A más de 30 meses de haber comenzado el juicio, y luego de escuchar a casi 400 testigos, el Tribunal Oral Penal Económico Nº 3 (TOPE3) prevé que a mediados de agosto ya está en condiciones de dar a conocer el veredicto contra el ex presidente Carlos Menem por su supuesta participación en el contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

Si bien aún restan que algunas de las 18 defensas realicen sus réplicas, el Tribunal ya viene barajando algunas fechas de mediados de agosto para dar a conocer el tan esperado fallo, en el que Menem afronta una pena que tiene una máxima de doce años de cárcel.

De esta manera, la sentencia será antes que el 16 de octubre próximo se cumpla el tercer aniversario del juicio, uno de los más duraderos junto con el de AMIA.

Además de Menem, están siendo juzgados su ex asesor Emir Yoma; y su ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, entre muchos otros.

En diciembre del 2010, los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera habían pedido ocho años de cárcel para Menem por el delito de contrabando agravado de armas.


 

En la Justicia porteña ya ganó Filmus

Fue en una elección interna que hicieron empleados del Poder Judicial de la Ciudad quienes trabajaban en el armado de urnas para las elecciones del próximo domingo para elegir al Jefe de Gobierno. El candidato kirchnerista Daniel Filmus resultó ganador y en segundo lugar Macri.

Los empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una votación interna del próximo Jefe de Gobierno porteño y quien resultó ganador fue el candidato kirchnerista Daniel Filmus, mientras que en segundo lugar resultó Mauricio Macri.

El resultado de la votación se podía ver en un publicado en una de las paredes del galpón donde los empleados del Tribunal Superior de Justicia están trabajando en el armado de las casi seis mil urnas para la elección del próximo domingo.

Ese listado (ver foto) muestra como ganador a Filmus por 15 votos, seguido por Macri quien recibió 10, y en tercer lugar la candidata radical Silvana Giudici con 5.

Luego le siguen el candidato Luis Zamora y muy por abajo el cineasta Fernando Pino Solanas con apenas dos votos.

La votación fue realizada mientras los empleados trabajaban en el armado de urnas en en un galpón del Centro de Exposiciones de la ciudad, ubicado en la intersección de las calles E. Couture y J.V González.



La otra causa Schoklender va a paso muy lento

Es la investigación que tiene en la mira los contratos pactados entre las Madres y municipios y provincias para la construcción de viviendas sociales, y en la que fueron denunciados Hebe de Bonafini y funcionarios. En esta causa, a diferencia de la que tiene Oyarbide, avanza a paso lento sin llamados a indagatoria en lo inmediato. Aún resta la entrega de documentación pedida por el juez.

Sin llamados a indagatoria previstos a corto plazo, ni allanamientos planificados avanza la investigación que tiene el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobre los contratos pactados entre Madres de Plaza de Mayo y municipios y provincias, para la construcción de viviendas sociales por parte de la entidad.

En esta causa, están denunciados Hebe de Bonafini, el ministro de Planificación, Julio De Vido; y el Jefe de Gabinete, Aníbal Ferández, aunque al impulsar la investigación el fiscal Miguel Osorio no imputó a nadie en particular.

Por lo pronto, el juez Martínez de Giorgi ya recibió copias de los contratos realizados entre las Madres y las provincias de Misiones, Chaco y Santiago del Estero; y el que pactó con Almirante Brown, y Tigre.

Aún resta que entreguen los contratos Ezeiza, Rosario, y Bariloche. Una vez que el juez tenga en su poder todos los contratos, avanzará con el análisis de los mismos y se prevé que amplíe más pedidos de documentación.

Luego de ello, constatará con documentación del Ministerio de Planificación, si en cada uno de los municipios y provincias, no sólo se hicieron la cantidad de viviendas acordadas, sino también la forma en que debían realizarse.

Por eso, en esta causa, a diferencia de la que instruye el juez Norberto Oyarbide, donde ya es casi un hecho la citación de Schoklender y casi a diario realiza allanamientos, no se prevén medidas de trascendencia, al menos por ahora.

Otro fallo de la Corte en el olvido

 

Se trata del caso del ex Procurador Eduardo Sosa echado por Néstor Kirchner en 1995, y a quien la Corte Suprema le dio la razón para ser restituido a su cargo en varias ocasiones, la última en 2009. Ahora, el ex funcionario reclamó que se apliquen multas al gobernador de Santa Cruz por incumplimiento del fallo, y volvió a pedir la intervención del Congreso.

 

 

El caso del ex Procurador Eduardo Sosa tal vez sea uno el caso más emblemático sobre el incumplimiento de fallos dictados por la Corte Suprema: se intimó al Gobierno de Santa Cruz a restituirlo en su cargo en cuatro oportunidades y nunca hubo una respuesta favorable, y tampoco tomó intervención el Congreso Nacional para tratar el tema tal cual lo había ordenado el propio Tribunal en septiembre de 2010.

 

Ante esa situación, Sosa reiteró semanas atrás un pedido para que se apliquen multas al gobernador Daniel Peralta por incumplimiento al no restituirlo al ex Procurador en su cargo.

 

Peralta ya fue denunciado penalmente por la propia Corte Suprema por no acatar el fallo del Tribunal. Esa causa que se le abrió está en manos de la jueza subrogante de la provincia Ana Cecilia Álvarez, aunque la misma está semi paralizada.

 

Sosa por medio del abogado Daniel Sabsay también se quejó de que no hubo avances en el Congreso en cuanto a tratar su situación y lograr que sea restituido en su cargo.

 

Como justificación, el gobernador Peralta siempre dijo que es de imposible cumplimiento el fallo de la Corte porque el cargo de Procurador fue disuelto años atrás, y desdoblado.

 

El ex Procurador insiste con ser restituido en su cargo tras rechazar en más de una ocasión ser indemnizado como reparación por ser removido irregularmente. Días atrás, trascendió que Sosa se presentará como candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica.

Las cajitas de Schoklender están sin abrir

Por aquel 6 de junio, Sergio Schoklender se había presentado sorpresivamente en Comodoro Py con gran cantidad de documentación, guardada en ocho cajas de cartón. Sin embargo, todo ese material aún Oyarbide ni lo revisó, y recién lo hará una vez que se levante el secreto de sumario. Hasta entonces, nadie sabe que es lo que presentó el ex apoderado de las Madres.


Las ocho cajas de cartón que hace unos diez días presentó Sergio Schoklender en el juzgado de Norberto Oyarbide aún permanecen fajadas y sin abrir puesto que al estar en secreto de sumario la causa, aún no se dispuso la apertura de las mismas y se sigue sin conocer cuál es su contenido.

Se trata de ocho cajas de cartón que el propio Schoklender fajó con papel y pegamento en la puerta del juzgado por indicación del secretario de la causa Carlos Leiva, y que estaría vinculada con prueba documental contable.

Lo que ocurre, es que la apertura de las cajas se tienen que hacer ante la defensa de Schoklender, para que pueda tener un control de esa prueba y verificar que la misma no sea "contaminada". Mientras tanto, las cajas siguen guardadas en el juzgado.

Por lo pronto, Oyarbide avanza con el análisis de la documentación que se secuestró en los varios allanamientos que dispuso el juez en estos últimos días.

Apostillas del caso Schoklender

La amenaza de muerte que dijo Oyarbide haber recibido a fines de la semana pasada, en el marco de su investigación contra los Schoklender, obligó a reforzar estrictamente el ingreso y todo el edificio de Comodoro Py 2002. Los uniformados requisaron incluso hasta las propias Madres de Plaza de Mayo que fueron a Tribunales. Por otra parte, el menor de los hermanos, Pablo, va conformando un equipo de abogados para afrontar la causa en su contra.

El ingreso a Comdoro Py 2002 se vio fuertemente custodiado por varios uniformados de la Policía Federal, quienes requisaron minuciosamente las pertenencias de todo aquel visitante, luego que el juez Norberto Oyarbide dijera haber sido víctima de amenazas de muerte desde que se hizo cargo de la investigación contra los Schoklender.

De la requisa, ni siquiera estuvieron exentas las Madres de Plaza de Mayo quienes se presentaron el lunes en Tribunales para ser tenidas como parte querellante en la causa.

A la mañana temprano, Oyarbide arribó a Tribunales con su habitual custodia, a cargo de Gendarmería Nacional, y detrás del automóvil en que era trasladado lo seguía se cerca otro vehículo de apoyo.

En la puerta, había una docena de policías que pedían a todo visitante, despojarse de sus pertenencias para pasar por el detector de metal ubicado en el ingreso, y en aquellos casos que la sonaba la alarma, los corrían a un costado y los revisaban minuciosamente, al igual que sus pertenencias.

No sólo allí se notó un abrupto refuerzo de seguridad, sino también en el tercer piso donde Oyarbide tiene su juzgado. Frente a su juzgado, en todo momento, había entre dos y tres policías que miraban de costado a todo aquel extraño que se acercaba.

En tanto, Pablo Schoklender, el menor de los hermanos, ya comenzó a conformar su equipo de abogados para hacerle frente a la causa que tramita en su contra, y en la cual ya se puso a disposición del juez.

Desde el comienzo de la causa, contrató los servicios de un abogado de un perfil bajo y que trabajó como empleado en el fuero penal económico y penal tributario. Se trata de Ramiro Rubinska, hijo de quien fuera presidente del Club Atlanta por varios años, José.

En los últimos días, Pablo Schoklender sumó a su equipo al conocido abogado Pablo Slominsqui, quien habitualmente recorre los pasillos de Comdoro Py y ha intervenido en varias causas de trascendencia pública.

Mariano Ferreyra hubiese cumplido 24 años

El joven militante del Partido Obrero asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria y barras bravas en octubre del año pasado hubiese cumplido 24 años de edad el pasado viernes. Ese mismo día, la querella pidió acusar por homicidio a los policías que liberaron la zona de Barracas donde fue baleado.


El pasado viernes Mariano Ferreyra hubiese cumplido 24 años de estar con vida y no haber caído muerto en Barracas, el pasado 20 de octubre, por una bala que impactó en su abdómen, hecho por el cual están acusadas diez personas, entre ellas el titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza.

Ferreyra, nacido en 1987, cumplía 24 años el viernes y la fecha coincide con la presentación que hicieron los abogados querellantes solicitando el procesamiento por homicidio de siete policías como "presuntos partícipes".

En la causa central, ya están camino a juicio oral Pedraza y otras personas por homicidio. La causa de los policías es un desprendimiento por la actuación que tuvieron los efectivos durante los hechos, ya que se presume liberaron la zona, entre otras cosas.

Familiares de Cromañón se reunieron con jueces, pidieron celeridad y hablaron del caso Miguel Ramírez

Un grupo de familiares de víctimas de Cromañón se reunieron con un secretario de una jueza de Casación, quien pronto se debe expedir sobre si confirma o no las penas impuestas a Chabán y “Callejeros”. Los padres le transmitieron la responsabilidad de las bandas por el uso de bengalas, y ejemplificaron con el caso del joven que murió al ser impactado por una de ellas en el recital de La Renga.

Una docena de padres de las víctimas de la tragedia mantuvieron una reunión a puertas cerradas en Comodoro Py con un secretario de la jueza de la Sala III de la Cámara de Casación Liliana Catucci, la cual en días debe expedirse sobre si confirma o no las penas impuestas al ex gerenciador Omar Chabán y los “Callejeros”, entre otros, y le reclamaron celeridad.

El miércoles cerca del mediodía, y sin que la prensa lo supiera, los padres se presentaron en Comodoro Py y pidieron tener una reunión con la jueza Ángela Ledesma, quien integro la Sala III que días atrás condenó a la banda y redujo la pena a Chabán.

Pero Ledesma, a través de su secretaria, les hizo saber que ella no suele reunirse con algunas de las partes involucradas en una causa cuando la misma está en curso, como lo es la de Cromañón. Además, les aclaró que ella dejó de integrar esa sala de Casación puesto que ahora fue designada como Presidenta del Tribunal.

Así fue como los padres, intentaron llegar a Liliana Catucci, aunque los atendió uno de los secretarios de la jueza. En la reunión, los familiares le reclamaron celeridad en cuanto a las apelaciones contra las penas que fijó días atrás el Tribunal Oral Criminal Nº 24 (TOC24).

Ese Tribunal finalmente impuso la pena de ocho años para Chabán, y cinco para el cantante Patricio Santos Fontanet, y ahora las partes (defensas, querellas y fiscalía) apelaron a Casación.

Durante la reunión con el secretario de Catucci, los padres hablaron de la responsabilidad de las bandas por el uso de bengalas y tocaron el tema de la muerte del joven Miguel Ramírez en un recital de La Renga al ser impactado por un artefacto de ese tipo días atrás.  

Por otra parte, la Sala III, ahora integrada por Catucci, Eduardo Riggi y Gustavo Mitchell, emitió el pasado 4 de mayo un oficio a las partes en donde comunicó que el plazo para interponer el recurso extraordinario con el fin de ir a la Corte contra el fallo del propio Tribunal en cuanto a la calificación legal, se encuentra “suspendido”.

Esa decisión, según trascendió, es porque la Casación espera a recibir todas las apelaciones contra las penas impuestas por el TOC24 (el plazo de las partes es hasta el lunes), y luego expedirse sobre ello, y también sobre si concede o no el recurso extraordinario contra su propio fallo por la calificación legal.

Así, se prevé que remita a la Corte tanto el planteo por los años de cárcel que se le impuso a los acusados como así también por el delito que se les imputó.

Beara: un ex funcionario que cuenta con el apoyo del PRO para ir zafando

Se trata de Diego Farrel, quien estaba a cargo del área de habilitaciones y se vio obligado a renunciar por el derrumbe del boliche. Sin embargo, su alejamiento de la función pública lo hizo mucho tiempo después de anunciarlo. Ahora, está imputado pero aún no fue citado a indagatoria, y está siendo apañado por el riñón del macrismo puro.

El funcionario que renunció por el derrumbe del local bailable de Palermo duerme tranquilo, por ahora: a siete meses del hecho aún no fue citado a declarar, como sí lo fueron los empresarios dueños del boliche, y hasta cuenta con el apañamiento del macrismo para intentar despegarlo de la causa.

Farrel, quien había anunciado su renuncia semanas después del hecho en septiembre pero que recién la efectivizó en enero pasado a la sombra de todos, no fue incluido en una ronda de indagatorias que en los últimos días dispuso la jueza Alicia Iermini, a cargo de la causa por las dos muertes que provocó el derrumbe.

Incluso, días atrás, la jueza valoró los dichos como testigo del actual Director de la Agencia Gubernamental de Control Javier Ibáñez, quien se encargo de despegar y comprometió en cambio a otra funcionaria: Vanesa Berkowski.

Justamente, Berkowski es la funcionaria que había aconsejado mucho antes del hecho a Farrel, su entonces superior, no habilitar Beara, pero él no la escuchó y sí le otorgo la habilitación a los dueños del local.

Incluso, la funcionaria advirtió de las irregularidades de la habilitación del local de Palermo a la Procuración de la Ciudad, a cargo de Ramiro Monner Sans.

Berkowski tiempo atrás había sido citada para declarar como testigo, puesto que era una persona clave que podía develar la trama de la habilitación del local y si hubo o no irregularidades.

Pero en las últimas semanas, la jueza Iermini desistió de su testimonio al justificar que Berkowski podía resultar eventualmente imputada al avanzar la investigación.

Farrel duerme tranquilo porque por ahora no fue convocado por la jueza, y que además cuenta con el apoyo de la agrupación “Pro puro Pro”, la cual integra, y que denomina a un sector 100 por ciento macrista.

El ex funcionario había llevado al cargo de la mano de Fabián Rodríguez Simón, ex titular de la ex UCEP (Unidad de Control y Espacio Público), quien es investigado por presuntos maltratos cometidos por este organismo a personas en situación de calle.

Allanaron un Mc Donald´s por unas cucarachas en una ensalada

Fue a raíz de una denuncia que hizo un cliente, quien aseguró que una ensalada que compró en un local de la Capital Federal tenía dos cucarachas. Según dijo, se percató de ello al atragantarse con un bocado que dio. Ahora, imputan a la encargada por envenenamiento de alimentos.

Un local de la empresa Mc Donald´s fue allanado semanas atrás por orden de la Justicia a raíz de la denuncia que hizo un comensal, quien aseguró que la ensalada que compró y comió el 6 de enero pasado tenía restos de dos cucarachas.

El operativo fue en el local de la avenida Córdoba 2039, y en la causa se le imputa a la encargada de esa sede por la figura contemplada en el artículo 203 del Código Penal que prevé penas de 5 a 100 mil pesos de multa por la “imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”.

La denuncia que dio origen a la causa la realizó Javier Leonardo Lukin, quien aseguró que al dar sus primeros bocados de la ensalada “Cesar” que pidió ese día, se atragantó “con algo”, y al revisar la misma encontró restos de dos cucarachas.

Como prueba de su denuncia, el joven acompañó el ticket que le dieron por la compra de la ensalada, y la declaración de un amigo que ese día estuvo junto a él en el Mc Donald´s.

En el expediente a cargo de la jueza correccional Graciela Angulo de Quinn, consta una pericia química que comprueba que la ensalada estaba contaminada, y en virtud de ello, podría ser riesgoso para la salud.

Oyarbide optó por blindar su juzgado para evitar intrusos

El juez ya no sólo marca diferencias fuera de su trabajo, mostrándose como un magistrado distinto, sino que también lo hace respecto a sus pares en el interior de Comodoro Py. Una puerta blindada fue colocada en el acceso a la secretaría en la que tramita la causa de las escuchas telefónicas ilegales, y donde tiempo atrás se comprobó que ingresaron intrusos.

 

 

La colocación de la puerta reforzada se realizó esta semana en la secretaría donde tramita la causa de las escuchas telefónicas ilegales, en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py.

 

La medida responde a que el pasado 14 de febrero ingresaron intrusos a la secretaría e intentaron simular un incendio que apenas afectó papelería, y no afectó documentación de algunas de las causas que tramitan, entre ellas, la de espionaje ilegal y Skanska.

 

La puerta reforzada ahora cubre el ingreso a la secretaría a cargo de Gustavo Russo, y también se mejoró la seguridad en el acceso a la ventana donde funciona la mesa de entradas.

 

De esta manera, el juez decidió mejorar los dos únicos accesos -la puerta y una ventana- a dicha secretaría desde el pasillo, con el claro objetivo de evitar nuevas intromisiones de extraños.

 

Por el ingreso de extraños y la provocación del incendio existe una investigación en marcha que está a cargo del juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, quien viene tomando declaración testimonial a todo el personal de la secretaría en cuestión.

 

Oyarbide se maneja de una manera particular incluso en el interior de los Tribunales, donde permanentemente está acompañado por dos custodios de Gendarmería quienes lo siguen de cerca en todo momento, incluso cuando el magistrado se dirige al baño.

El Embajador prefiere declarar por escrito

El ex ministro Ginés González García adelantó a la Justicia que no vendrá a la Argentina a declarar como testigo para lo cual había sido citado en la causa por la “mafia de los medicamentos”. Ahora, el juez Oyarbide prepara un cuestionario que hará llegar al actual embajador en Chile.

El Embajador en Chile y ex ministro de Salud Ginés González García informó al juez federal Norberto Oyarbide que no vendrá a nuestro país luego de ser citado para declarar como testigo en la causa por los remedios truchos.

Así el juez le informó que le hará llegar un cuestionario y actualmente el secretario Carlos Leiva, quien instruye la causa, ya se encuentra preparando un pliego con preguntas hacia el juez.

La declaración de González García fue luego de los dichos de Néstor Lorenzo, uno de los principales imputados detenidos, quien hizo referencia a un contrato que su droguería (San Javier) firmó en un momento con el Ministerio de Salud.

Se trata de un convenio por medio del cual San Javier proveía de medicamentos al Hospital Francés, y como fue firmado cuando González García estaba al frente del Ministerio, el juez Oyarbide quiere preguntarle sobre ese punto.  

Macri en busca de nuevos abogados

El Jefe de Gobierno porteño parece no estar conforme con sus abogados y empezó a consultar a distintos estudios para que lo defiendan en la causa por las escuchas telefónicas ilegales. Uno de los consultados fue un reconocido penalista que recorre a diario los pasillos de Comodoro Py, pero quien le dio un “no” como respuesta, al menos por ahora.

Mauricio Macri está en búsqueda de nuevos abogados para probar mejor suerte en la causa que más puede empañar su proyecto electoral de este año: la de las escuchas telefónicas ilegales en donde tiene el procesamiento confirmado como “miembro” de una asociación ilícita.

Allegados al Jefe de Gobierno tomaron contacto en las últimas horas con distintos abogados penalistas. Uno de los consultados fue el reconocido letrado Mariano Fragueiro Frías, quien recibió un llamado de colaboradores de Macri tentándolo para asumir la nueva defensa.

Pero Fragueiro Frías le dio como respuesta un no, aunque no le cerró la puerta del todo, ya que sí se mostró disponible para defender a Macri pero una vez que la causa esté en instancia de juicio oral y público.

Macri actualmente tiene como abogados a Santiago Feder y Ricardo Rosental en la causa de las escuchas telefónicas, ya que en otras como la que está citado a indagatoria por la ex UCEP lo tiene al letrado Alejandro Pérez Chada.

Tal vez, Macri no esté conforme con la labor que llevan adelante Feder y Rosental, y por ello salió a la búsqueda de otros abogados.

Hasta el momento fueron más los fracasos que los logros en la estrategia defensista: fue procesado por el juez Norberto Oyarbide, y luego el fallo confirmado por la Cámara Federal; le fue rechazado un pedido para que se declarara nula la causa, y un recurso para apartar al juez de primera instancia de la investigación.

Los contactos del dueño de CrónicaTV con el Gobierno tienen sus límites

Se trata de Héctor Ricardo García quien está siendo juzgado por evasión tributaria agravada. El empresario intentó sin éxito suspender el juicio en su contra, enrostrando un convenio firmado con el Gobierno por 137 millones de pesos con el cual el canal le cedía publicidad y a cambio se le contribuían impuestos a su nombre.

El dueño de Crónica TV intentó una jugada magistral: ante los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 recordó un convenio firmado con el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en noviembre de 2010, mediante el cual el canal le cedía espacios publicitarios al Gobierno por 137 millones de pesos, y a cambio se le hacían contribuciones a su nombre ante la AFIP.

Pero la estrategia del empresario no fue aceptada por los jueces, quienes le recordaron que ese convenio no estaba reglamentado, y además porque la evasión ya se cometió. El Tribunal también tuvo en cuenta que los abogados de García intentaron con una veintena de planteos declarar nulo el juicio.

A García se lo acusa de evadir unos 17 millones de pesos, incluso impuestos previsionales, en el período 1998 a 2002, mediante empresas fantasmas que se comprobaron son de su propiedad.

La evasión de impuestos fue perpetrada por las empresas Servintsa y Rorpic S.A, las cuales responden y prestan servicios a la firma Sarmiento (Crónica TV), y en caso de ser condenado García podría recibir hasta 9 años de prisión.

Un fiscal tomo medidas para evitar un teléfono descompuesto

Por el bloqueo a Clarín de días atrás, y a raíz que la policía federal habría llamado a un teléfono equivocado al querer darle intervención a un fiscal federal, ahora otro funcionario judicial que interviene en el caso aportó una línea telefónica llamativa para evitar situaciones similares: un 0800

El fiscal penal contravencional y de faltas porteño Martín Lapadu pidió a la Comisaría 30ª tomar medidas para evitar nuevos bloqueos a Clarín, tal cual ocurrió días atrás, al hacerse cargo del turno por el inicio del mes de abril.

Lo llamativo del oficio dirigido al comisario Juan Carlos Cerro, es que Lapadu aclaró que para evitar confusiones y en el caso de querer ubicarlo para intervenir durante su turno, la policía disponía de la línea gratuita 0800 FISCAL, la cual es facilitada por el Ministerio Público de la Ciudad a los ciudadanos para realizar denuncias durante las 24 horas.

Esa aclaración tiene una explicación: el domingo que se bloqueó Clarín, la Policía Federal había llamado a un teléfono equivocado al fiscal federal Carlos Cearras, de turno en mayo, para solicitar su intervención.

Tras el bloqueo, el Ministerio de Seguridad difundió un comunicado en el que explicó que aquella madrugada, se había querido dar intervención al fiscal de turno Cearras pero que no se lo había pedido aclarar.

El fiscal pidió explicaciones al titular de la Policía Federal, y en la respuesta se aportó que esa madrugada habían llamado a un teléfono, el cual se supo estaba fuera de servicio.

Un careo sin importancia por la valija de Antonini Wilson

Sin grandes expectativas por delante, la Justicia realizó un careo entre un piloto del vuelo que trajo al venezolano Antonini Wilson y su valija de 800 mil dólares, y una empleada de migraciones que realizó los trámites de ingreso a nuestro país. Del mismo, no surgió ningún dato relevante, y la causa sigue sin sobresaltos.


Un piloto del avión que trasladó a Guido Antonini Wilson el 4 de agosto de 2007, cuando se le descubrió la valija con los 800.000 dólares se careó en los últimos días con una empleada de Migraciones que ese día realizó los trámites de rigor, pero ambos se mantuvieron en sus dichos y ningún dato de significancia se aportó a la causa que por el momento sigue sin grandes avances.

El piloto Daniel Pucciarelli fue careado con una empleada de Migraciones que esa madrugada trabajó en la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery, luego que la medida fuera solicitada por la fiscal en lo penal económico María Luz Rivas Diez.

La controversia, insignificante, es porque la empleada dijo que el piloto le entregó y luego retiró los ocho pasaportes juntos (todos los tripulantes del avión, incluido Antonini), y Pucciarelli en cambio aseguró que él se llevó en tres tandas la documentación. Ambos se mantuvieron en sus dichos, en la audiencia que tuvo lugar en los tribunales de avenida de los Inmigrantes.

Pero además, la empleada de Migraciones reiteró -tal cual lo había dicho al declarar en otra oportunidad- que nunca vio qué ocurrió con la valija, y que ella recién se enteró del incidente cuando salió en los diarios.

La causa que ya cuenta con casi cuatro años de investigación no arrojó ninguna novedad en los últimos meses, y por lo pronto Antonini Wilson sigue en los Estados Unidos, y el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti con "falta de mérito" dispuesta por el juez Daniel Petrone.

La limpieza del Riachuelo siempre dio que hablar ¿pero tanto?

Varios técnicos de la ACUMAR intentaron justificar ante la Corte Superma con argumentos insólitos y descabellados las acciones que no llevan a cabo para lograr el saneamiento del Riachuelo. Desde que crecieron los basurales por el aumento de consumo de la población, hasta que existe un menor nivel de contaminación del agua de la Cuenca porque hay presencia de animales, fueron algunas de las explicaciones que dieron. Mientras tanto, el Riachuelo sigue sucio y contaminado.


Funcionarios de la ACUMAR, el organismo que reúne a representantes de los estados Nacional, Bonaerense y de la Ciudad, aportaron explicaciones fuera de serie y hasta arrancaron la bronca de algunos ministros de la Corte Suprema al momento de exponer por qué no avanzan las tareas de limpieza del Riachuelo, cuya tarea le ordenó en 2008.

Tal vez una de las respuestas más insólitas que dieron los funcionarios de la ACUMAR, fue cuando la Corte pidió explicaciones sobre cómo estaban los niveles de contaminación de agua, y en que se basaban para decir que "mejoró". 

Así fue como el funcionario, seguro de si mismo y sin temor a ponerse colorado, dijo que ellos se basaban, entre otras cosas, en que en los últimos meses pudieron saber de la existencia de aves, torturas y otros animales en el Riachuelo o bien en sus adyacensias y ello era un indicador de que había disminuido la contaminación.

Incluso, el mismo funcionario explicó que habían aumentado la presencia de basurales a cielo abierto a lo largo de toda la cuenca porque "la econocmía creció" en los últimos años, y en consecuencia, se intensificó el consumo de la población lo que genera más desperdicios.

La audiencia colmada escuchó tres horas de explicaciones que dieron varios funcionarios del ACUMAR, y representantes de los tres estados ante los jueces de la Corte, quienes ante las inexactitudes y falta de datos concretos, repreguntaban y hasta reprochaban por el incumplimiento de ciertos objetivos en el proceso de saneamiento.

En un bache de la exposición, se filtró por una de las ventanas que da a la calle, la voz de un manifestante que ofrecía "agua del Riachuelo bien barata para el mate y para usarse en la ducha", a manera de ironizar una de las grandes promesas incumplidas hechas por políticos de nuestro país.