Es la investigación que tiene en la mira los contratos pactados entre las Madres y municipios y provincias para la construcción de viviendas sociales, y en la que fueron denunciados Hebe de Bonafini y funcionarios. En esta causa, a diferencia de la que tiene Oyarbide, avanza a paso lento sin llamados a indagatoria en lo inmediato. Aún resta la entrega de documentación pedida por el juez.
Sin llamados a indagatoria previstos a corto plazo, ni allanamientos planificados avanza la investigación que tiene el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobre los contratos pactados entre Madres de Plaza de Mayo y municipios y provincias, para la construcción de viviendas sociales por parte de la entidad.
En esta causa, están denunciados Hebe de Bonafini, el ministro de Planificación, Julio De Vido; y el Jefe de Gabinete, Aníbal Ferández, aunque al impulsar la investigación el fiscal Miguel Osorio no imputó a nadie en particular.
Por lo pronto, el juez Martínez de Giorgi ya recibió copias de los contratos realizados entre las Madres y las provincias de Misiones, Chaco y Santiago del Estero; y el que pactó con Almirante Brown, y Tigre.
Aún resta que entreguen los contratos Ezeiza, Rosario, y Bariloche. Una vez que el juez tenga en su poder todos los contratos, avanzará con el análisis de los mismos y se prevé que amplíe más pedidos de documentación.
Luego de ello, constatará con documentación del Ministerio de Planificación, si en cada uno de los municipios y provincias, no sólo se hicieron la cantidad de viviendas acordadas, sino también la forma en que debían realizarse.
Por eso, en esta causa, a diferencia de la que instruye el juez Norberto Oyarbide, donde ya es casi un hecho la citación de Schoklender y casi a diario realiza allanamientos, no se prevén medidas de trascendencia, al menos por ahora.
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