Un grupo de familiares de víctimas de Cromañón se reunieron con un secretario de una jueza de Casación, quien pronto se debe expedir sobre si confirma o no las penas impuestas a Chabán y “Callejeros”. Los padres le transmitieron la responsabilidad de las bandas por el uso de bengalas, y ejemplificaron con el caso del joven que murió al ser impactado por una de ellas en el recital de La Renga.
Una docena de padres de las víctimas de la tragedia mantuvieron una reunión a puertas cerradas en Comodoro Py con un secretario de la jueza de la Sala III de la Cámara de Casación Liliana Catucci, la cual en días debe expedirse sobre si confirma o no las penas impuestas al ex gerenciador Omar Chabán y los “Callejeros”, entre otros, y le reclamaron celeridad.
El miércoles cerca del mediodía, y sin que la prensa lo supiera, los padres se presentaron en Comodoro Py y pidieron tener una reunión con la jueza Ángela Ledesma, quien integro la Sala III que días atrás condenó a la banda y redujo la pena a Chabán.
Pero Ledesma, a través de su secretaria, les hizo saber que ella no suele reunirse con algunas de las partes involucradas en una causa cuando la misma está en curso, como lo es la de Cromañón. Además, les aclaró que ella dejó de integrar esa sala de Casación puesto que ahora fue designada como Presidenta del Tribunal.
Así fue como los padres, intentaron llegar a Liliana Catucci, aunque los atendió uno de los secretarios de la jueza. En la reunión, los familiares le reclamaron celeridad en cuanto a las apelaciones contra las penas que fijó días atrás el Tribunal Oral Criminal Nº 24 (TOC24).
Ese Tribunal finalmente impuso la pena de ocho años para Chabán, y cinco para el cantante Patricio Santos Fontanet, y ahora las partes (defensas, querellas y fiscalía) apelaron a Casación.
Durante la reunión con el secretario de Catucci, los padres hablaron de la responsabilidad de las bandas por el uso de bengalas y tocaron el tema de la muerte del joven Miguel Ramírez en un recital de La Renga al ser impactado por un artefacto de ese tipo días atrás.
Por otra parte, la Sala III, ahora integrada por Catucci, Eduardo Riggi y Gustavo Mitchell, emitió el pasado 4 de mayo un oficio a las partes en donde comunicó que el plazo para interponer el recurso extraordinario con el fin de ir a la Corte contra el fallo del propio Tribunal en cuanto a la calificación legal, se encuentra “suspendido”.
Esa decisión, según trascendió, es porque la Casación espera a recibir todas las apelaciones contra las penas impuestas por el TOC24 (el plazo de las partes es hasta el lunes), y luego expedirse sobre ello, y también sobre si concede o no el recurso extraordinario contra su propio fallo por la calificación legal.
Así, se prevé que remita a la Corte tanto el planteo por los años de cárcel que se le impuso a los acusados como así también por el delito que se les imputó.
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