La jugada del ex dictador para evitar la extradición

El ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez diseñó junto a sus abogados una estrategia para sortear el pedido de captura que el juez Oyarbide dispuso en su contra, por su supuesta participación en el secuestro de 13 ciudadanos de ese país quienes fueron trasladados a nuestro país por el Plan Cóndor. Se auto denunció en su país para justificar su estadía y evitar la extradición.


Ante el pedido de captura que dispuso en su contra la Justicia Argentina, el ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez hizo una presentación ante los tribunales de Perú para evitar ser extraditado a nuestro país tal cual lo requirió semanas atrás el juez Oyarbide en el marco de detenciones y aplicación de tormenos en el Plan Cóndor.

Según fuentes vinculadas al caso, el general se habría realizado una especie de auto denuncia mediante sus abogados, todo con el fin de tener radicada una denuncia en su país, y así evitar ser traído a la Argentina por orden judicial.

Los voceros indicaron que al tener en su contra una denuncia en su país, evitaría tener que ser trasladado al nuestro para ser juzgado por los hechos que tuvieron lugar durante la última dictadura militar en la Argentina, y en el marco del Plan Cóndor, la colaboración entre las distintas dictaduras latinoamericanas.

Al militar se lo acusa del secuestro y aplicación de tormentos de 13 ciudadanos peruanos, traídos a nuestro país, donde fueron torturados y luego devueltos a su país de origen. En nuestro país, están acusados el dictador Jorge Videla y su ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy.

El abogado que duerme en pleno juicio

En pleno juicio y en una etapa definitoria en donde se hicieron los alegatos el abogado Gonzalo Aramburu, quien defiende al empresario mediático Héctor Ricardo García, se toma su tiempo para profundos ratos de siesta. A su vez, la no presencia en el debate del dueño de Crónica TV molesta a los jueces del Tribunal.


El abogado Gonzalo Aramburu sabe cómo llevar adelante un juicio y a la par tener sus ratos de sueño profundo, en plena sala de juicio y ante la mirada de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2, quienes vienen siguiendo adelante el proceso contra su cliente, el empresario mediático Héctor Ricardo García acusado de evasión de poco más de 17 millones de pesos.

En pleno recinto, el abogado Aramburu tiene largos ratos de sueño muy profundo, que son interrumpidos a veces recién cuando se dispone de un cuarto intermedio.

A su vez, los jueces del TOPE2 no están muy contentos con los permanentes faltazos a de Ricardo García al debate, incluso cuando fue la lectura de la acusación en su contra.

Las vacantes en la Justicia demoran la definición del tema subtes

Es porque en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña sólo hay un juez, en virtud de que otro está de vacaciones y un tercero es del fuero penal y contravencional que actúa como subrogante. Los jueces deben definir si confirman o no la cautelar que intentaba frenar el aumento en tarifas del subte.


El aumento en la tarifa del subte sigue en pie y la definición en la Cámara en lo Contecioso Administrativo y Tributario porteño se demora más de lo previsto una resolución en el caso a raíz de las vacantes que existen en el fuero.

En el caso, luego del fallo de primera instancia del juez Fernando Juan Lima, interviene la Sala II de la Cámara, la cual está integrada por Mabel Danielle y Esteban Centanaro. Y una tercera vacante, está siendo subrogada por el magistrado en lo penal y contravencional Jorge Atilio Franza.

Actualmente, el juez Centanaro está de licencia y permanecen en la Cámara Danielle y Franza.

En virtud de ello, es que se espera el regreso de Centanaro para definir las dos cautelares que fueron en apelación, de las ocho iniciales, contra el fallo de primera instancia del juez Lima, quien las rechazó.

El aumento en las tarifas del subte pasó de 1,10 a 2,50 pesos y las críticas a Macri son por el método por cómo se instrumentó la suba.

Pablo Schoklender avisó al Juez que volvió de Panamá

El menor de los hermanos regresó la semana pasada de su viaje por Panamá, hacia donde fue autorizado para viajar por el juez Oyarbide. Tal cual se había comprometido, dejó constancia de su regreso en el juzgado mediante un acta. Pablo Schoklender es uno de los imputados por defraudación y lavado de dinero.

Pablo Schoklender regresó de su viaje de verano por Panamá y en el juzgado de Norberto Oyarbide dejó constancia en actas de su vuelta a nuestro país tal cual se había comprometido a hacerlo cuando fue autorizado por el juez.

El lunes de la semana pasada el menor de los Schoklender se dirigió al juzgado Nº 5 de Oyarbide, ubicado en el tercer piso de Comodoro Py, y en donde dejó constancia de su regreso, para lo cual se labró un acta para tal fin.

Sobre Pablo Schoklender pesaba la prohibición para salir del país, pero Oyarbide autorizó a que realice ese viaje “por cuestiones familiares” y para ello lo obligó a depositar una caución de 40 mil pesos.

Además, Schoklender tuvo que aportar los tickets de vuelo y el lugar donde se hospedó en ese país.

Cambia de juez y sumarán seis los que intervinieron por la valija de Antonini Wilson

Trascendió que a partir de febrero próximo el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich y con él serán hasta ahora seis los magistrados que pasaron por la causa, en la que el ex funcionario Uberti cuenta con falta de mérito y ahora plantea la prescripción a más de cuatro años de investigación. El valijero sigue en EE.UU y no se avanzó respecto a los pedidos de extradición.

 

 

A más de cuatro años de investigación la causa por la valija de 800 mil dólares que quiso hacer entrar a nuestro país el venezolano Guido Antonini Wilson cambia de juez, y con él sumarán seis los que intervinieron en el caso desde ese 4 de agosto de 2007.

 

El actual juez de la causa, Marcelo Aguinsky, es quien interviene por el momento y a partir de febrero se tomará licencia, y la Cámara en lo Penal Económico dispuso nombrar a Meirovich, quien se hará cargo de la misma por un período de seis meses, y luego se prevé nombrar a otro magistrado.

 

Aguinsky fue nombrado a fines del 2010 luego de más de tres años en que la causa estuvo en manos del juez Daniel Petrone, ahora ascendido a miembro de un Tribunal Oral Federal en San Martín.

 

Pero a esta lista de jueces se le suman otros que intervinieron por lapsos breves y antes de que Petrone fuera nombrado titular del juzgado: lo hicieron desde el día en que aterrizó el avión ese 4 de agosto de 2007 hasta abril de 2008 los magistrados Marta Novatti, Diego Zysman, y Marta Luisa Marmissolle.

 

Mientras se da el cambio de juez, está pendiente de resolución un planteo de prescripción planteado por el abogado de Claudio Uberti, el ex funcionario kirchnerista y quien tiene falta de mérito en la causa. Por su parte, el venezolano Guido Antonini Wilson, quien esa noche dijo ser propietario de la valija, sigue en EE.UU y no hubo avances respecto a los varios pedidos de extradición solicitados por la Justicia Argentina.

De cómo fue designado David presidente de la Cámara de Casación

Se trata del prestigioso juez Pedro David, quien regresó tras trabajar en el tribunal penal de la Haya y ahora preside la Cámara Nacional de Casación Penal. La elección fue promovida por su par Slokar, el mismo que pidió y logró la renuncia de González Palazzo al cuestionar la subrogancia que ocupaba.

El juez Pedro David fue nombrado presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal con el apoyo y para ello contó con la promoción y el armado de su candidatura por parte de un integrante clave del Tribunal: el camarista Alejandro Slokar.

Slokar –cuentan allegados al Tribunal- fue el ideólogo de la candidatura de David, quien logró vencer por una abrumadora mayoría al otro candidato, Gustavo Hornos. Este último apenas contó con dos votos en el acuerdo extraordinario realizado apenas días atrás.

Según cuentan, quien se preveía iba a ser ungido presidente del Tribunal era Raúl Madueño, quien cuenta con una larga trayectoria en la Casación, pero todo quedo trunco con el armado que realizó Slokar, y la elección de David.

Slokar viene jugando fuerte desde que asumió como integrante de la Casación apenas unas pocas semanas atrás. Luego de cuestionar las subrogancias de Mariano González Palazzo y Luis María Cabral, logró obligar a renunciar al primero de ellos sumado a una causa por supuesto recibimiento de coimas que pesa en su contra.

Fiscales y jueces desembarcan en Boca

Si algo le faltaba a la nueva dirigencia de Boca Juniors, era la llegada de varios funcionarios de Comodoro Py que trabajaran en la nueva etapa de la dirigencia del Club que encabeza Angelici. A la ya conocida contribución del fiscal Carlos Stornelli, se suman al trabajo otros de sus pares, y un juez federal.


Funcionarios judiciales de Comdoro Py se suman a la nueva etapa de Boca Juniors con el cambio de dirigencia y la asunción dle nuevo presidente Daniel Angelici, y algunos de ellos empezarán a colaborar en el área de seguridad del Club.

Ya es conocida la participación del fiscal federal Carlos Stornelli, también ex ministro de Seguridad Bonaerense, en la lista del "tano" Angelici. El arribo del funcionario a la nueva etapa en Boca se habría definido tras una reunión que organizó el ex juez y actual titular de la cartera de Seguridad porteña, Guillermo Montenegro.

Pero además de Stornelli, otros fiscales que se suman al trabajo en Boca, concretamente en el área de seguridad. Entre quienes ya definieron su participación está el fiscal federal Gerardo Pollicita, y el juez Claudio Bonadío.

Algunos de los funcionarios se esforzaron por ser incluidos en la nueva etapa, incluso hubo algún que otro cruce de palabras entre ellos por los nuevos lugares que pretenden en Boca.

Un lunch muy apetitoso que sirvió la Corte

Fue al dar el brindis de fin de año junto con los periodistas que tratamos cotidianamente temas judiciales. Alrededor de la mesa, varios de los colegas disfrutaron de un lunch que contempló desde canapés, fosforitos, un buen champagne y vino, y sólo se despegaron de la misma cuando la jueza Argibay dio un breve discurso, y cuando uno de los presentes tiró accidentalmente una copa al piso.

El lunch que brindó la Corte Suprema de Justicia a los periodistas especializados en la temática por motivo de finalizar el año nuevamente fue bien recibido por los invitados, quienes disfrutaron de una comida variada y rico champagne.

El ágape fue en el cuarto piso del Palacio de Tribunales en la Sala del Té, donde en una mesa se sirvió desde canapés variados, fosforitos, los siempre bien recibidos sándwiches de miga, unas mini empanaditas, y chips.

La bebida iba desde un buen champagne, vinos y gaseosa, o agua. Y la mesa dulce con qué cerró el brindis fue con pan dulce, masas finas, y galletitas caseras, entre otras cosas.

Los únicos dos momentos en que todos los presentes dejaron de degustar el menú, fue cuando la jueza Carmen Argibay dio un breve discurso; tras  el cual la atención volvió a posarse sobre la mesa; y luego cuando uno de los periodistas volcó y tiró accidentalmente una copa de champagne al piso.

Preocupación de empleados por la llegada de Arroyo Salgado al juzgado que dejó Bergesio

Es porque la titular del juzgado federal Nº 1 de San Isidro fue nombrada como subrogante del Nº 2, el que hasta hace poco ocupaba Conrado Bergesio. Ante ello, crece cierto temor de los empleados del juzgado vacante a raíz de los antecedentes de malas relaciones de la magistrada para con sus secretarios. Al ahora ex juez, Arroyo Salgado lo había denunciado por demoras en la causa de los hijos de Noble.

 

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado ya desembarcó como subrogante en el juzgado federal Nº 2 de San Isidro que dejó vacante con su renuncia Conrado Bergesio, y cuyos empleados ven con preocupación el arribo de la magistrada quien tiene un historial de tensas relaciones para con sus secretarios y funcionarios judiciales.

Arroyo Salgado fue designada por la Cámara Federal de San Martín para subrogar el juzgado vacante, tras la renuncia el pasado 30 de noviembre de Conrado Bergesio. A éste último, la jueza lo había denunciado por demoras en la causa que se investiga la supuesta apropiación irregular de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.

Los empleados del juzgado federal Nº 2 ven con preocupación y cierto temor la llegada de la jueza, quien cuenta con antecedentes de malas relaciones con sus secretarios y funcionarios judiciales.

Un hecho similar sucedió cuando Arroyo Salgado, de fuerte carácter, fue designada como subrogante por un tiempo en el juzgado federal de Zárate-Campana que estaba a cargo de Federico Faggionato Márquez, destituido de su cargo por mal desempeñó en sus funciones y luego de ser sometido a juicio político. 

Los empleados del juzgado de Zárate Campana hacían saber sus quejas, obviamente en privado por temor a represalias, sobre ciertos maltratos por parte de la jueza.

No es muy diferente el trato que la jueza le da a empleados de las fiscalías con las cuales trabaja cotidianamente: no los notifica a tiempo de determinadas medidas, y los obliga a apersonarse en su juzgado si es que quieren tomar conocimiento de un determinado expediente.

Arroyo Salgado es quien interviene en la causa por supuesta apropiación de los hermanos Marcela y Felipe por parte de la dueña de Clarín Ernestina Herrera de Noble, y fue designada luego de ser apartado del caso Bergesio de la misma al ser acusado por demoras en la causa y no ordenar los exámenes de ADN.

Los entretelones de la orden judicial para desalojar el Indoamericano

Es de aquellos días de diciembre de 2010 cuando la jueza penal y contravencional porteña María Cristina Nazar dispuso el desalojo del predio, y que por el accionar de la policía Federal y Metropolitana provocó dos muertos. El secretario del juzgado cuenta que la fiscalía llamaba para presionar y echar a los ocupas, y funcionarios del gobierno porteño mostrándose interesados sobre que fuerza de seguridad era la encargada de realizar la tarea.

Era el 7 de diciembre de 2010 y el juzgado en lo penal y contravencional porteño a cargo de María Cristina Nazar estaba convulsionado y bajo mucha presión: tenía a resolver un pedido fiscal para desalojar el parque Indoamericano el cual había sido tomado por ocupas minutos antes, al cual hizo lugar, y que luego el accionar policial provocó dos muertos y seis heridos de bala.

Ahora se conoce el testimonio de Carlos Dobenau, secretario del juzgado de Nazar, quien da cuenta que previo a resolver, el teléfono del despacho no paraba de sonar, y entre quienes llamaba el fiscal Cristian Longobardi para “presionar” y que la jueza firme el desalojo, lo que hizo horas más tarde.

Luego de ordenar la ejecución del desalojo a la policía federal, en cabeza del Comisario Miragaya por pedido del fiscal, el juzgado –según Dobenau- recibió un llamado de Presti (subsecretario de Justicia porteño) quien le preguntó a qué fuerza de seguridad le había encargado la jueza el desalojo del predio de Villa Soldati.

Dobenau cuenta que por pedido del fiscal la tarea quedó a cargo de la Federal, ante lo cual Presti le dijo que el fiscal “Longobardi es un pelotudo”.

Luego a las 18 horas de ese día y cuando la orden ya había sido dada, el Comisario de la 36° informó vía telefónica a Dobenau, porque Nazar no atendía su teléfono, y le comunica la situación en el predio.

Tras varias comunicaciones,  Dobenau dice recibir otro llamado del Comisario que le dice que tiene el 80 por ciento del Parque desalojado, y minutos más tarde su totalidad.

"No hay heridos de parte de personal policial ni de los ocupantes, según dice Dobenau que le informó el comisario. Luego se supo que hubo dos muertos Bernardo Salgueiro y Rosemarie Chura Puña y se presume que por la brutal represión policial que hubo en esa jornada.

Ahora, Nazar está complicada por haber ordenado ese desalojo. El fiscal de instrucción Sandro Abraldes, quien investiga las muertes, pidió su indagatoria por homicidios y lesiones imprudentes y prevaricato de derecho.

Se acabó el secreto de sumario en el caso Schoklender ¿y ahora?

Luego de más de cinco meses de iniciada la investigación, de reimplantación y prorrogas del secreto de sumario sucesivamente desde entonces, Oyarbide decidió dar por terminada la reserva sobre la investigación. Desde la Cámara Federal acusan al juez de violar por ello el derecho de defensa de los imputados. Ahora, los abogados ya empezaron a sacar las fotocopias del expediente, entre ellos los de Pablo Schoklender.

El juez federal Norberto Oyarbide resolvió terminar con la reserva en el caso Schoklender, y tras cinco meses no prorrogó ni reimplantó el secreto de sumario como lo venía haciendo, pero el mismo día no zafó de un reproche que le hizo por ello la Cámara Federal que dijo que con esa conducta afectó el derecho de defensa de los imputados.

Ni bien se supo que Oyarbide levantó el secreto, uno de los abogados de Pablo Schoklender, Ramiro Rubinska, se llevó copia del primer cuerpo de la causa, el cual ya lleva superado el centenar.

Desde el 6 de junio pasado, la causa estuvo bajo secreto de sumario: o bien Oyarbide lo reimplantaba ante la aparición de nuevos imputados o prorrogaba el mismo. Pero estratégicamente, el juez levantó el secreto durante la feria chica de julio pasado, pero al no habilitar la tramitación de la causa, la misma nunca estuvo a dispocisión de las partes.

Ahora, la incógnita es si las indagatorias se realizarán antes de finalizar el año y el comienzo de la feria judicial de enero próximo. El fiscal del caso, Jorge Di Lello pedirá en una primera tanda la indagatoria de los principales imputados, y la duda que persiste es si la misma incluirá o no la detención de Schoklender.

Desde el juzgado Nº 5 y concretamente de la secretaría a cargo de Carlos Leiva, los próximos pasos parecen estar dados en aguardar el requerimiento de la fiscalía sobre las indagatorias, y una vez presentado el mismo junto con una serie de informes pedidos por el juez es que se evaluarán las citaciones. 

Sólo se sabe que el fiscal Di Lello ya comenzó días atrás a trabajar aceleradamente en la preparación del escrito, disponiendo de personal exclusivamente afectado a la tarea, y que por ello los pedidos de indagatoria serían en diciembre.

Pero sobre cuando serán citados los acusados no hay certezas. Muchos ya hablan de recién en 2012, e incluso tras la feria judicial de verano ya que Oyarbide posiblemente se tome todo ese mes de licencia.

Pedido de SOS en la cárcel de uno de los detenidos por el caso Ferreyra al sindicalista

En el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza es habitual que algunos de los ocho detenidos por el crimen del joven militante del PO Mariano Ferreyra se crucen a diario. Así ocurrió días atrás, durante un recreo, y cuando el acusado "Harry" Favale le pidió al líder sindical Pedraza, que intervenga para que desde la Unión Ferroviaria le "banquen" las comidas diarias.


En uno de los recreos por la tarde que hubo días atrás en la cárcel federal de Ezeiza el presunto barra brava Cristian "Harry" Favale se le acercó al aún influyente líder sindical José Pedraza y sin dudarlo le hizo un pedido para poder sobrellevar sus días en ese lugar, en el que ambos están como acusados de haber participado del crimen del militante del PO Mariano Ferreyra.

Cuentan quienes los vieron tener un diálogo breve, que Favale se le acercó al sindicalista y le pidió que interceda para que desde la Unión Ferroviaria, la cuál aún éste dirige pese a llevar varios meses detenido, le "banquen" la comida en prisión

Allegados a la causa aseguran que Favale no atravieza un buen pasar económico. A ello se suma que días atrás, su abogado desde el inicio de la causa, Sergio D´Amico, presentó la renuncia ante la Justicia como defensor de Favale.

Los motivos que están relacionados con esa renuncia, básicamente es una cuestión económica sumado a diferencias entre "Harry" Favale y D´Amico sobre cómo llevar a cabo la estrategia de defensa, en el juicio que tiene fecha de inicio febrero del 2012.

D´Elía fue elogiado por el ruralista que lo llevó a juicio y lo acusó

En medio del juicio que se le inició hoy al dirigente Luis D´Elía por la agresión al ruralista Alejandro Gahan, éste le reconoció su "admiración" por su valentía y su actividad social. Incluso, también recibió elogios por parte del fiscal de juicio por su "convicción". Tal vez, ello explique que ambos solicitaran que fuese condenado a la pena mínima.


El dirigente Luis D´Elía fue elogiado en pleno juicio oral en su contra, y llamativamente por el ruralista que lo denunciara de agresor en su contra, y por el fiscal que lo responsabilizó por ser autor de una "agresión tumultuosa" contra el agropecuaro Alejandro Gahan.

Luego de acusarlo de haberlo golpeado en el rostro durante una manifestación el 26 de marzo de 2008,  cuando estaba latente la pelea Gobierno-Campo, el ruralista Gahan reconoció por medio de su abogado cierta "admiración" hacia D´Elía.

"Cierta admiración tenemos al sr D´Elía, es valiente, siempre ha dado la cara y ha dicho lo que piensa", dijo el abogado Francisco García Santillán, en representación de él y Gahan quien se encontraba a su lado y asentía con su cabeza.

Incluso, el abogado equiparó la actividad social que cumple D´Elía con la del ruralista Gahan, quien al testificar aseguró que ayuda a palear la problemática de la adicción de drogas en Entre Ríos, de donde es oriundo.

Pero también el fiscal Edgardo Orfila expresó su reconocimiento a D´Elía, por la "convicción" de su pensamiento sobre aquel marzo de 2008 se estaba gestando un golpe de Estado contra el Gobierno -uno de los argumentos de su defensa- pero también por su labor social.

Ello tal vez explica que al alegar, tanto el fiscal como la querella pidieran la mínima de los delitos de que imputaron, esto es, la de cuatro días, y de un mes de prisión en suspenso, respectivamente.

No es la primera vez que D´Elía goza de buena imagen en un juicio que es en su contra. Durante el debate en el que se lo acusaba de provocar cortes de tránsito al liderar una marcha en la Ciudad, el fiscal le confesó ante la mirada atónita de los presentes "que era bien negro" como él, y en el marco de la distinción que el dirigente había hecho entre "los blancos y los negros" ante los medios de comunicación.

Avalan actuación del juez en la toma del Indoamericano

Es Eliseo Otero, quien meses atrás fue denunciado por su actuación en la causa por la toma del Parque Indoamericano, al no haber imputado a una persona que con un arma fue filmado apuntando con un arma a los ocupas. El pedido de juicio político había sido presentado por la titular de Madres de Plaza de Mayo y avanzó en le Consejo de la Magistratura un dictamen que propone desestimarla.

El Consejo de la Magistratura dio un aval al juez que investiga la toma del Parque Indoamericano al desestimar un pedido de juicio político en su contra de Hebe de Bonafini, a raíz de no haber imputado a un supuesto barra brava quien aparece apuntando con un arma a los ocupas del predio de Villa Soldati allá por diciembre del 2010.

El juez Eliseo Otero había sido denunciado por la titular de Madres de Plaza de Mayo, a raíz que el magistrado se había negado a procesar y detener a Julio Capella, un supuesto barra brava de Huracán quien en imágenes captadas por la TV aparece apuntando con un arma a los ocupas.

En el curso de la causa, Otero mantuvo una relación tirante con el fiscal de instrucción Sandro Abraldes, quien incluso lo recusó y pidió su apartamiento del caso.

Ahora, la Comisión de Acusación y Disciplina emitió un dictamen en el que rechaza el pedido de Jury de Madres hacia el juez Otero, y la misma suerte se prevea que tenga al ser tratado en el Plenario del organismo.

Por la toma del Indoamericano hubo tres personas muertas sobre las cuales aún no se determinó quienes fueron sus autores. A raíz del hecho, en diciembre del año pasado, fueron múltiples las causas que se abrieron: en una de ellas, Capella finalmente fue procesado por “intimidación pública”.

D´Elía se queda sin el testimonio de la Presidenta para su juicio

Es en el juicio que afrontará a partir del 9 de noviembre próximo por haberle dado una piña a un manifestante rural en pleno conflicto entre el kirchnerismo y el campo por la 125. Una jueza no hizo lugar a su pedido para que declare Cristina Kirchner, cuyo testimonio le era funcional a su estrategia de demostrar que actuó ante una intento destituyente contra el Gobierno.

El dirigente social Luis D´Elía afrontará a partir del 9 de noviembre próximo un juicio en su contra por golpear al ruralista Alejandro Gahan en una marcha a metros del Obelisco, y para tal no contará con el testimonio que él pidió de la presidenta Cristina Kirchner.

La jueza en lo correccional Patricia Guichandut, quien es la encargada de llevar a cabo el juicio, no hizo lugar al pedido que hizo D´Elía para que Cristina Kirchner declarase como testigo en ese juicio, a partir del cual quería probar la teoría que existió una intentona destituyente contra el Gobierno y él salió en su defensa.

El pedido de D´Elía fue luego que la propia Presidenta afirmara en el libro de la periodista Sandra Russo ("La Presidenta") que hubo un intento golpista en su contra en marzo de 2008, en pleno conflicto con el campo por la 125 que imponía retención a las exportaciones de granos.

Siguen apareciendo operaciones sospechosas del financista del caso Schoklender

Es Fernando Caparros Gómez a raíz de una operación de compra y venta de billetes por más de 5 millones de dólares que tuvo lugar entre 2002 y 2004. Para el fiscal del caso Schoklender, dicha operación sospechosa no guardaría relación con el caso Schoklender y pidió que se devuelva a la UIF.

Al empresario Fernando Caparros Gómez le siguen apareciendo reportes de operaciones sospechosas (ros), en este caso por unos 5.380.000 de dólares por la compra y venta de billetes en el Banco Finansur entre el período 2002 y 2004.

El reporte de operación sospechosa  Nº 1473 fue presentado semanas atrás por la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, y es uno de los tantos que tiene sus manos el fiscal federal Jorge Di Lello, en el marco de la causa contra Sergio Schoklender por defraudación y lavado de dinero.

No obstante, para el fiscal esta operación sospechosa no guardaría relación con la causa y por ello pidió que éste reporte sea devuelto a la UIF.

Caparros Gómez es el titular de la financiera Monetización donde el ex apoderado de las Madres Sergio Schoklender habría cambiado muchos de los cheques de la entidad, que manejaba en el marco del programa "sueños compartidos" de construcción de viviendas sociales.

Caricias, besos, lágrimas y odios en el juicio a la modelo colombiana acusada de narco

Es Angie Sanclemente Valencia, alias “Diamante” o “Pepo” y quien se hizo conocida por supuestamente integrar una banda que quiso traficar droga rumbo a México en 2009. En el juicio que comenzó hoy en su contra, se la vio muy mimada y contenida por su novio argentino, también imputado, y a los llantos cuando declaró. La mamá de la modelo, intentó proteger a su hija, incluso de que fuera fotografiada con las esposas puestas.

La pequeña sala de audiencias de Comodoro Py del séptimo piso se convirtió por instantes en un escenario novelesco este martes donde hubo caricias, besos, lágrimas, y en la que dos modelos fueron protagonistas: una, la colombiana Angie Sanclemente Valencia, el otro, su novio argentino Nicolás Gualco, ambos principales acusados de una supuesta banda que el 13 de diciembre de 2009 quiso sacar hacia México 55 kilos de cocaína.

Ya antes del comienzo del juicio, la mamá de Angie, Yaneth Sanclemente Valencia, salió al cruce contra un par de reporteros gráficos que intentaban fotografiar a su hija con las esposas puestas cuando hacía su ingreso a la audiencia.

La madre pidió en la mesa de entradas del Tribunal que se impida la presencia de fotógrafos en el pasillo del séptimo piso y al no lograrlo, advirtió con “matar” a alguno de ellos.

Una vez en la sala, en todo momento, Angie, sentada entre su novio Gualco y el venezolano Gustavo Páez, su fiel amigo, recibía besos y caricias. El joven modelo argentino continuamente giraba su cabeza y guiñaba su ojo izquierdo a la bella colombiana, dándole muestras de confianza en momentos en que el secretario del Tribunal enumeraba cada una de las pruebas en su contra.

Al pasar frente al Tribunal para declarar, Angie no se contuvo y a los pocos minutos comenzó llorar, lo que haría en reiteradas veces durante la hora y media que dio su versión. Cuando finalizó, volvió a su lugar al lado de Gualco, y él la abrazó, la besó en su mejilla y le habló al oído tranquilizándola.

Durante el juicio, el otro de los acusados Ariel Letizia, el “arrepentido” que con su declaración involucró a Angie y su novio, miró desafiante y con odio a Gualco. Incluso, en un breve cuarto intermedio, dijo por lo bajo que aquél le había “cagado la vida”.

En un tramo de su declaración, la modelo aseguró que cuando estuvo prófugo el ex juez Guillermo Tiscornia, quien fuera su primer abogado, le propuso pasar la frontera argentina hacía otro país a pie.

El padre de dos de los acusados por la quema de trenes murió en el crucero Gral Belgrano

Se trata del padre de los hermanos Fernando y Guillermo Diaz, dos de los acusados por la quema de trenes de TBA. Según le dijeron al juez, era un suboficial de la Armada que murió en el hundimiento del crucero General Belgrano durante la guerra de Malvinas. Luego de ello, quedaron desamparados y vivieron en la calle, y limpiaban vidrios de autos para poder comer. En la actualidad, están imputados junto al "Pollo" Sobrero.


Los hermanos Fernando y Guillermo Diaz, dos de los imputados por la quema de trenes de TBA de mayo pasado, develaron en los últimos días ante la Justicia la historia pesonal que arrastran: su padre fue una de las víctimas del hundimiento del barco argentino General Belgrano en la guerra de Malvinas y vivieron por años en la calle al quedar desamparados.

Ante el juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj, los hermanos le confesaron que su papá, un suboficial de la Armada falleció al hundirse el barco durante el conflicto bélico con Inglaterra, cuando ellos tenían entre ocho y diez años.

Los hermanos vivieron luego con sus abuelos pero años más tarde quedaron desamparados y estuvieron viviendo en la calle, y se hicieron adictos al consumo de drogas. Además, contaron que para subsistir limpiaban vidrios de vehículos en los semáforos.

Cuando fueron detenidos acusados de quemar trenes de TBA, junto con el "Pollo" Sobrero, los Diaz estaban en situación de calle, y por ello en un primer momento el juez Yalj les negó la libertad al no contar con un arraigo.

Pero la mamá de los hermanos reapareció y propuso su domicilio para darles arraigo a los acusados. Así, el juez les otorgó la excarcelación, sumado a la conmoción que le causó la historia personal de los Diaz.

Incluso, fuentes aseguraron que el juez Yalj contactó a algunos organismos, tales como la Defensoría del Pueblo de la Nación, para anoticiarlos sobre la historia de los hermanos Diaz y saber si existe algún tipo de subsidio en virtud del fallecimiento del padre de familia durante el conflicto por las Malvinas.

Los Diaz fueron detenidos a raíz del testimonio de un vecino a la estación de trenes de Ciudadela, quien luego de señalarlos en la causa recordó que los tenía de vista de cuando iba a visitar a su hermana en el barrio de Flores. Sin embargo, esta persona confesó que no va hace más de un año a la casa de su familiar.

Siguen las idas y vueltas en EE.UU por la causa de supuestas coimas con Venezuela

Desde los Estados Unidos se pidió más precisiones sobre el reclamo de la Justicia argentina para conocer el movimiento de fondos de una cuenta bancaria que tiene allí la empresa Palmat, la cual ofició de intermediaria en los negocios entre nuestro país y Venezuela. En esas comisiones que se pagaron, los investigadores sospechan que iban camufladas las coimas. No obstante, la causa está en punto muerto.


El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió al juez federal Julián Ercolini que dé más precisiones sobre un reclamo que hizo a ese país para conocer detalles de una cuenta bancaria que tiene allí la firma Palmat, la cual ofició de intermediaria en los negocios que hubo entre la Argentina y Venezuela.

Ercolini viene reclamando desde hace tiempo detalles sobre una cuenta que Palmat tiene en un banco radicado en los Estados Unidos, y en donde estarían depositados -entre otros fondos- las comisiones del orden del 15 por ciento  que cobraba la firma por oficiar de intermediaria entre los empresarios argentinos, en su mayoría agropecuarios, y Venezuela en el marco del Fideicomiso.

En respuesta al exhorto, del Departamento de Estado de los EE.UU pidió al juez que indique el movimiento de fondos en qué período de tiempo necesita saber, puesto que la cuenta está abierta desde el 2003.

Además, las autoridades recordaron que esa cuenta tiene un promedio de 50 operaciones por mes, y por ello reclamaron que se precise cuáles son los plazos que le interesan al juez.

Mientras tanto, en la causa siguen declarando como testigos empresarios que intervinieron en la comercialización de productos con Venezuela.

Sin embargo, son pocas las pruebas que corroboren la denuncia que hizo el ex embajador en Venezuela Eduardo Sadous, quien refirió a que a los empresarios que querían negociar con aquel país se les exigía el pago de coimas, y vinculó a funcionarios de Planificación Federal.

Ninguno de los empresarios que declaró como testigo en la causa afirmó lo denunciado por Sadous, y por ello le valió al ex embajador una denuncia por falso testimonio que dio apertura a una causa -en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral- en la cual está imputado.

Se hará en Francia una pericia clave en el caso por la muerte de Menem Jr

Se trata de un estudio comparativo entre más de 1.500 imágenes del helicóptero que cayó en 1995 y en el que perdió la vida el hijo del ex presidente Carlos Menem. Desde Francia contestaron que son competentes para realizar el estudio, y el juez de la causa ya lo dejó asentado en el expediente. Ahora, preparará unos puntos de pericia y antes de fin de año prevé enviar todo el material a ese país para que sea evaluado


El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo ya tiene todo preparado para remitir a Francia material fotográfico para emprender una pericia clave en la muerte, aún dudosa, de Carlos Menem Junior: la agencia federal de ese país, simil a nuestra Gendarmería nacional, ya aceptó por comunicaciones informales que esta capacidada para emprender el estudio comparativo de más de 1.500 imágenes que hay en el expediente.

Se trata de una pericia para cotejar las imágenes tomadas video minutos después de la caída del helicóptero el 15 de marzo de 1995, y las fotos que tomó la Junta Nacional de Accidentes de la Fuerza Aérea, y la empresa norteamericana Bell, fabricante del aparato, y la Gendarmería Nacional.

El juez Villafuerte Ruzo recibió informalmente de Cancillería la aceptación de la Agencia Federal francesa para emprender el estudio, y él lo dejó constatado en el expediente. Ahora, trabajará en gran cantidad de puntos de pericia que les hará llegar a los profesionales.

Una vez que determine cuáles son los puntos a peritar y se ordenen las imágenes, prevé hacer llegar antes de fin de año todo el material a Francia para emprender la pericia.

La semana pasada el juez remitió exhortos a los Estados Unidos, donde está radicada la empresa Bell, pidiendo que les remitan las fotografías que tienen en su poder.

Esta pericia es clave en la causa, ya que se trata de conocer si el helicóptero cayó por un error humano, o bien por un atentado. En el expediente, está agregada la que hizo Gendarmería tiempo atrás y que abona esta última hipótesis, al haber restos de proyectil en el fuselaje de la nave.

El estudio de Gendarmería presenta fotos donde muestra orificios, presuntamente de bala, en el fuselaje del helicóptero.

En cambio, la pericia que determina que fue un accidente sostiene que la caída del helicóptero es porque el mismo volaba muy bajo y se llevó por delante los cables del tendido eléctrico. A ello, se suma que varios testigos que declararon en la investigación dijeron que la nave venía como jugueteando.