Tras varios días la Justicia argentina recibió notificación oficial desde España sobre los 944 kilos de cocaína

Es información que remitió la Guardia Civil al juzgado argentino que intenta determinar si la droga fue cargada en nuestro país, como se sospecha. No obstante, aún no remitieron la información clave que pidió el juez: los datos de la computadora del avión, y en qué lugar estaba oculta la cocaína.

 

El juez en lo penal económico Alejandro Catania recibió en los últimos días la primera notificación oficial de la Guardia Civil española sobre el avión hallado con droga en el aeropuerto de Barcelona, aunque en la misma se daba cuenta de datos ya conocidos a través de los medios de comunicación.

El escrito que recibió el juez, da cuenta que la cantidad de droga hallada es de poco más de 944 kilos, que la misma es cocaína, y que por el hecho hay tres argentinos detenidos: los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, y Matías Miret.

Sin embargo, por el momento y debido a que en España la causa judicial está bajo secreto de sumario, el juez argentino aún no recibió la información que podría develar si la droga fue cargada en el aeródromo de Morón.

La información clave es la computadora del avión, que entre otros datos, puede aportar el peso del Challenger en el trayecto Buenos Aires-Cabo Verde, y Cabo Verde – Barcelona, para en función del peso determinar donde pudo ser acondicionada la droga. Otro de los datos claves, es donde la Guardia Civil encontró la sustancia.

En las últimas horas y en forma extraoficial trascendió que la cocaína estaba oculta debajo del piso y la alfombra del avión, aunque oficialmente el juzgado de Catania no recibió ninguna información de ese tipo y se calcula con que recién la obtendrá una vez levantado el secreto de sumario en España

Ni por ser la mujer del fiscal logró la ayuda de la policía

Un fiscal nacional denunció a un subinspector de la policía federal por hacer caso omiso a un pedido de ayuda que hizo su mujer al ser robada en plena avenida Corrientes. Según la denuncia, el efectivo le contestó "con mal tono y de manera grosera e intolerante", y aún luego de que la víctima le manifestara que era la esposa de un integrante del Poder Judicial.


El fiscal en lo Correccional Daniel Pablovsky denunció a un policía federal a raíz de que éste se hizo el desentendido y maltrató a su mujer cuando ésta le pidió ayuda al sufrir un robo en la avenida Corrientes, el pasado 20 de octubre.

La denuncia fue realizada ante la Cámara del Crimen y el fiscal acusó al subinspector Diego Makaruk de responder de "manera grosera" y "maltratar" a su mujer quien había acudido al ser robada.

La mujer del fiscal fue asaltada en la intersección de la avenida Corrientes e intersección Boulogne Sur Mer, hacia la calle Gallo, por un desconocido que por detrás le quitó un par de aros de oro que tenía puesto, para luego darse a la fuga.

Por el schok de la situación, la mujer del fiscal caminó unas cuadras en dirección hacia donde había escapado el delincuente, y se topó un patrullero en el que había tres policías, uno de ellos Makaruk.

Ante la alerta de la mujer y el pedido de ayuda, el policía Makaruk le dijo: "no ve que aquí estamos tres" para luego maltratarla verbalmente. Incluso, le contestó en forma "grosera" cuando le dijo que ella era la esposa del fiscal Pablovsky.

Ahora, el fiscal denunció al policía Makaruk por "su actitud soberbia, agresiva, contraria a la ética y violando las enseñanzas que debe haber recibido (el efectivo) en la escuela de Cadetes".

Los estudios de abogados que fueron consultados por los damnificados del Banco Provincia

Las varias personas cuyas cajas de seguridad fueron robadas en la sucursal Belgrano del Banco Provincia el lunes ya acudieron a los principales estudios jurídicos para saber cómo intentar recuperar todos sus valores. Entre los abogados, está el estudio de Cuneo Libarona y el del penalista Vera. Varios clientes que sufrieron el robo de sus cajas de seguridad en el atraco al Banco Provincia de Belgrano, ya acudieron a los principales estudios de abogados para saber cómo poder recuperar sus valores o ahorros. Algunos clientes ya pidieron asesoramiento al reconocido estudio de Cuneo Libarona, más concretamente a Rafael (uno de los cuatro hermanos), también al penalista José Vera y al abogado Miguel Ángel Pierri. Muchos de los clientes ya fueron instruidos para empezar a reunir elementos para probar a futuro tanto el dinero, objetos de valor y joyas que tenían en sus cajas de seguridad, y la primera aclaración que recibieron fue que la entidad bancaria no puede poner un tope al reclamo, tal como se rumoreo apenas conocido el hecho el lunes. A los clientes primero se les pidió que reúnan las fotos o filmaciones que puedan tener de sus objetos de valor o joyas que confiaron al Banco, o bien resúmenes de cuenta de tarjetas de crédito de cuando las hayan comprado. También testigos que puedan dar fe sobre la propiedad de los valores. Otro de los consejos que recibieron los clientes que sufrieron el robo de sus objetos de valor y joyas, es que una vez reunidos los elementos para probar la propiedad, acudan a un tazador para establecer un precio real. Los abogados le recomendaron a sus clientes intentar recuperar sus valores por medio de un acuerdo con las autoridades del Banco Provincia, y si en la negociación no lo consiguen, iniciar una demanda. Eso sí, la eventual demanda que hagan los letrados no será sólo por la totalidad de lo que les fue robado en sus cajas de seguridad, sino que también pedirán por daño moral o pérdida de lucro cesante u otros conceptos.

Cómo sigue la causa por las escuchas telefónicas ilegales

Una de las causas más importantes del 2010 y que involucra a Mauricio Macri, seguirá dando que hablar este año. Los primeros capítulos estarán dados por un planteo recursivo del Jefe de Gobierno contra el juez Oyarbide, y otro del mismo tenor contra una magistrada de Casación que le viene jugando a favor al ex presidente de Boca.


La que podría ser la causa del 2010 por su alto impacto político volverá con todo impetu a comienzos de este año, donde se define un pedido del Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para apartar al juez Norberto Oyarbide de la causa, lo que implicaría volver todo a cero.

Es un planteo de recusación contra el juez, a raíz de que el ex senador peronista Héctor Maya dijera que en oportunidad de cruzarse a Oyarbide y antes que resuelva la situación procesal del Jefe de Gobierno, le dijera: “a Macri me lo llevo puesto”.

La Sala III de Casación, en noviembre ordenó a la Cámara Federal que vuelva a revisar y fundamentar el planteo que había rechazado. La decisión fue basada en que no se analizaron todos los argumentos expuestos por la defensa de Macri en el planteo.

No obstante, pese a que transcurrió bastante tiempo de aquella decisión, el expediente aún no volvió a la Sala I de la Cámara Federal sino que permanece en Casación.

Es que la querella de Sergio Burstein recusó a la jueza integrante de la Sala III, Liliana Catucci, quien tiempo atrás emitió un voto favorable para los intereses del macrismo, al asegurar que no había elementos de prueba para sostener que existió una asociación ilítica, tal el delito que Oyarbide le imputó a Macri.

También queda pendiente la definición de Oyarbide sobre el ex ministro de Educación Mariano Narodowski luego que fuera indagado por su supuesta vinculación con el espía Ciro James, y careado con su jefa de Gabinete, Rosana Barroso, quien contradijera muchos de sus dichos.

En fin, 2011 arrancará con todo, luego de un año en que Macri quedó con procesamiento confirmado, y que James y el ex titular de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios recuperaran su libertad tras más de doce meses de encarcelamiento.
 

Investigarán a jueza que intervino en desalojo del Parque Indoamericano

Se trata de la jueza Elena Liberatori, la cual intervino en el desalojo del predio de Villa Soldati y se encargó de ordenar el operativo de pacificación en el lugar. Es porque la magistrada se arrogó la competencia de la causa pese a que previamente intervenía la Justicia contravencional y el Tribunal Superior de Justicia entiende que ello provocó "demora" en la causa.


La jueza en lo Contencioso Administrativa y Tributaria Elena Liberatori fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por erigirse competente de la causa por el desalojo del Parque Indoamericano, pese a que otra magistrada de otro fuero ya lo venía haciendo, y haber provocado demora en el expediente.

La decisión la adoptó el Tribunal Superior de Justicia, en el fallo en el que otorgó la competencia de la causa a la justicia contravencional. En el desalojo del predio de Villa Soldati intervino originalmente la jueza de ese fuero María Cristina Nazar, y luego de unos días y ante el pedido de organismos sociales tomó intervención Liberatori, quien se encargó de ordenar el famoso "operativo de pacificación".

En un voto conjunto, los jueces Ana María Conde y Luis Lozano entendieron que la actuación de Liberatori "produjo una innecesaria demora en desmedro de la celeridad y eficacia con que debía prestarse el servicio de Justicia".

En su voto, el juez Jorge Franza señaló que "proceder de manera diferente implicaría, a mi modo de ver, por un lado, avalar la posibilidad de que coexistan dos pronunciamientos judiciales contradictorios respecto de un mismo asunto y, por el otro, negar el carácter de ‘juez de garantías’ de todos los magistrados del fuero penal, contravencional y de faltas, a quienes, al igual que al resto de los magistrados, les compete velar por el respeto del principio de legalidad”.

Así, el Tribunal decidió remitir copia de las actuaciones al Consejo para que se investigue a la jueza por su desempeño en la causa.

Otro que desmiente a Sadous por las coimas en negocios con Venezuela

Se trata de quien era el segundo en jerarquía en la embajada Argentina en Venezuela, y quien negara que se pagaron coimas en las ventas de productos a Venezuela. Su declaración fue en la causa en la que el ex funcionario Uberti acusa a Sadous por falso testimonio.

El ex agregado comercial en la sede diplomática en Venezuela Alberto Álvarez Tufillo volvió a contradecir al entonces embajador Eduardo Sadous sobre que existieron pedidos de coimas a empresarios argentinos que querían negociar sus productos con el país caribeño.


Álvarez Tufillo declaró como testigo y negó que haya escuchado hablar sobre coimas en las operaciones comerciales, y que -como dijo Sadous- desde el Ministerio de Planificación que dirige Julio De Vido se daban indicaciones sobre a que empresarios argentinos había que privilegiar.

En su declaración ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, el ex diplomático dijo que nunca tuvo conocimiento sobre que representantes de Servas, empresa de ascensores, denunciaron que les pidieron coimas como condición para comercializar con Venezuela.

Esta causa la inició el ex funcionario Claudio Uberti quien denunció a Sadous por falso testimonio, luego que varios empresarios a quienes presuntamente habrían exigido dinero como previa condición para emprender negocios con Venezuela lo desmintieran.

Por otra parte, en los próximos días Sadous sumará un nuevo dolor de cabeza por su denuncia de pago de coimas. Allegados a la causa principal, hablan de una arremetida contra el ex diplomático con presentaciones judiciales.

El nuevo fiscal del caso Ferreyra intervino en la causa del "Tirador de Belgrano" y la de los barras en River

Se trata de Fernando Fiszer quien reemplazará a Cristina Caamaño en la causa por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra. El fiscal intervino previamente en casos reconocidos como la causa del "Tirador de Belgrano", y en la causa por el asesinato de un barra brava de River que desnudó una interna feroz en el club millonario.


El fiscal subrogante ante el Tribunal Oral Criminal Nº 16, Fernando Fiszer, fue designado para intervenir en la investigación por el asesinato del joven Mariano Ferreyra, en reemplazo de Cristina Caamaño quien días atrás asumió como nueva viceministra de Seguridad.

Si bien la investigación está avanzada, con siete detenidos, aún se especula que la misma avance en cuanto a la cúpula del gremio de la Unión Ferroviaria, el cual quedó bajo el ojo de la tormenta luego de los incidentes que protagonizaron sus integrantes, entre ellos el detenido delegado Pablo Díaz, y por ello Fiszer aún tiene trabajo por delante.

Fiszer intervino como fiscal de instrucción en la causa en la que Martín Ríos, más conocido como el "tirador de Belgrano", fue acusado por el asesinato de Alfredo Marcenac. En ella él firmó un dictámen pidiendo el juicio oral pese a que existía una fuerte duda sobre la inimputabilidad del acusado, y así fue declarado en el juicio oral aunque ahora está pendiente la realización de uno nuevo.

El fiscal también tuvo una fugaz participación en la investigación por el asesinato de Gonzalo Acro, un integrante de una de las facciones de la barra brava de River, y que habría sido asesinado en una interna con el sector que lideraban los hermanos Alan y William Schlenker.

En esa causa, básicamente Fiszer intervino pidiendo el rechazo de varias excarcelaciones, entre ellas la de William Schlenker.

En tanto hoy, las defensas de los siete acusados realizarán el informe "in voce" ante la Cámara del Crimen para revertir los procesamientos dictados en primera instancia dictados por Susana Wilma López. Cada abogado tendrá un lapso de diez minutos para ampliar sus fundamentos ante los camaristas, y en cinco días hábiles se espera una definición sobre las situaciones procesales y algunos planteos de excarcelación.

Mudan sala de periodistas de Tribunales por decisión unilateral de Lorenzetti

Es la histórica sala ubicada en la planta baja del Palacio de Tribunales y que por orden del presidente de la Corte será trasladada al tercer piso. No obstante, la medida fue realizada en forma unilateral, sin consulta previa a ninguno de los periodistas que trabajamos ahí diariamente, algunos de ellos quienes lo vienen haciendo de hace más de 30 años.

 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dispuso mudar la histórica sala de periodistas apostada a metros del ingreso principal de Talcahuano 550, del Palacio de Justicia, sin realizar una previa consulta a los acreditados de distintos medios que día a día trabajamos en ese lugar.

Mediante resolución 3950/10, firmada por Lorenzetti, se notificó a los periodistas que trabajamos en esa Sala, que comprenden las oficinas 2092/2093 que la misma será trasladada al tercer piso por "resignación de espacios" en el Palacio.

Tal cual se informó, donde actualmente se encuentra la Sala de Periodistas, funcionará la mesa de entradas de la Corte.

La decisión del presidente del Tribunal fue tomada sin realizar consulta previa a los periodistas que venimos trabajando en la Sala, algunos de ellos con toda una trayectoria que supera los 30 años en ese ámbito y habiéndose desempeñado en varios medios de comunicación.

  

De concretarse la mudanza, la nueva sala de Periodístas pasaría a funcionar en las oficinas 3031/3032 que si bien ninguno de los periodistas que trabajamos como acreditados la conocimos en persona, sí pudimos saber por quienes sí la visitaron que la misma es de dimensiones más pequeñas y no cuenta con las mismas comodidades con las cuales contamos para trabajar.

Todo ello, mientras desde la Corte se dice promover la libertad de expresión y se fogonea el Centro de Información Judicial (CIJ), brindándole más personal y mayor tecnología, pese a que ya se cuenta con una oficina de prensa de la Corte Suprema

La intimación de la jueza del caso Ferreyra para que no se den datos a la prensa

Es la jueza Susana Wilma López quien investiga el crimen del militante del PO Ferreyra. Ahora, envió un oficio a los abogados, tanto de la defensa como los querellantes, intimándolos para que no hablen con la prensa y den a conocer información de la causa.

La jueza que investiga el homicidio de Mariano Ferreyra les hizo llegar a todos los abogados que intervienen en la causa, una intimación mediante un oficio (del cual damos cuenta arriba) para que no divulguen datos del expediente a los medios de comunicación.

El oficio les llegó en los últimos días a los abogados, los que asisten a los siete detenidos como también a los que representan a las querellas, y en él la jueza les advierte que la información que surge de la investigación “solamente es pública para las partes” y “secreto para los extraños”.

El oficio que lleva la firma del secretario Gabriel Gonzalo Rey, justifica la intimación en que los datos que salieron publicados en la prensa gráfica, sobre todo, “puede afectar seriamente el progreso de una investigación”.

La preocupación de la jueza, a cargo del juzgado de instrucción Nº 38, aún persiste luego que ella misma levante el secreto de sumario que impero al comienzo de la investigación, que por el momento cuenta con siete detenidos.

Incluso, algunos abogados aseguraron haber recibido reproches al concurrir al juzgado y por parte de la propia jueza en persona, a raíz de algunas informaciones que fueron publicadas en medios gráficos sobre algunos aspectos de la causa.

La nueva intimación de parte de la jueza sobrevino luego que algunos medios gráficos  publiquen los cuestionamientos que las defensas plasmaron en sus recursos de apelación contra los argumentos que expuso López al procesar a los detenidos con prisión preventiva.

Previamente, la jueza había intimado a algunas de las partes a firmar (cuando se presentaban en el juzgado) una especie de compromiso de no divulgar información a la prensa.



El insólito escrache gremial contra los pilotos



La placa que estaba en la puerta del sindicato


La placa con el nombre de varios pilotos de aeronáuticos que se negaron a realizar una protesta encabezada por el sindicato que los reúne, y que estaba en el piso del edificio donde funciona el gremio, dio origen a una demanda contra APLA que ahora está en manos de la Justicia.


La placa (foto) había sido puesta en el piso a la entrada al edificio donde funciona la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) luego que algunos aeronavegantes no se plegaran al paro de 48 horas decretado por el gremio el 7 de julio de 2005, y la cual por la decisión de la Justicia fue retirada al año siguiente.



Al estar ubicada en la entrada del edificio ubicado en Lezica 4031, donde actualmente está el sindicato, quienes concurrían se veían obligados a pisar la placa que llevaba el nombre de al menos unos 16 pilotos. 

Allegados al tema, cuentan que algún que otro familiar de los comandantes o copilotos "escrachados" en esa placa, la saltaban al ingresar al edificio para evitar pisotear el nombre de sus seres queridos.

El comandante Roberto Devesa, uno de los damnificados por ver cómo su nombre estaba incluído en una nómina de indeseables por parte del sindicato, inició una demanda civil contra APLA y su titular Jorge Pérez Tamayo.


El pasado martes y por convocatoria del juzgado civil Nº 89, a cargo de Rosa Vila, se llevó a cabo una audiencia de mediación en la que participó Devesa y APLA, representada por su vicepresidente Pablo Viro, y en la que no hubo acuerdo entre las partes.

Ahora, tras el fracaso de la mediación, se dará continuidad a la demanda (la cual lleva el número 3284/2008) por daños y perjuicios contra el sindicato.





Japón pide por turista argentino por manosear a una empleada hotelera

La Justicia de Japón hizo llegar un oficio de nuestro país en el que reclama que se enjuicie a un turista argentino que a principio de año habría besado y tocado a la fuerza a una empleada hotelera en el lujoso City Plaza de Osaka. El acusado podría ser extraditado en caso de avanzar el proceso penal.


La justicia japonesa pidió abrir un proceso penal contra Roberto Losada González, a quien un fiscal de aquel país acusó por tocar y besar las partes íntimas de una empleada de un hotel en Osaka, y que podría derivar en la extradición.

Según el oficio enviado por el fiscal del distrito de Osaka Yokomichi Yasuyoshi, el 11 de enero a las 3.40 de la tarde, en la habitación 1118 del hotel City Plaza, el acusado se abrazó súbitamente a la señorita Matsumoto Maki, empleada del mismo hotel (de 23 años en ese entonces), y la besó, le levantó la ropa que tenía puesta, le lamió su pecho derecho, y le hizo agarrar y frotar su pene; con ello, cometió un acto obsceno mediante coerción.

Losada González, de 62 años y empleado de una empresa, ya fue citado a indagatoria por la jueza federal argentina María Servini de Cubría aunque la audiencia se encuentra demorada ante un planteo de un abogado defensor particular que ya contrató el acusado.

En Osaka el turista argentino fue detenido el 13 de enero - a los dos días del hecho- por orden del juez Wada, y luego de liberado el mismo emprendió viaje de regreso a nuestro país.

Desde la justicia japonesa siguen enviando oficios interesándose en el avance del proceso, que de avanzar podría derivar en un pedido de extradición para que el acusado sea sometido a juicio en ese país.

Grassi quiere llevar a juicio al fiscal que lo acusó

Se trata del fiscal que acusó al padre Grassi en el juicio en el que fue condenado a 15 años de prisión. Ahora fue convocado a una audiencia de mediación para mañana por un juicio de daños y perjuicios que le iniciaría el sacerdote. Mientras tanto, el cura sigue en libertad.

El fiscal de Morón Alejandro Varela fue citado para mañana a las 14,30 horas a una audiencia de mediación a raíz de futuro juicio por daños y perjuicios que le iniciaría el sacerdote Julio César Grassi, a quien acusó durante el debate oral en el que el sacerdote fue condenado por abuso sexual.

La mediación fue a raíz de una intimación realizara por el sacerdote, y la misma tendrá lugar en la calle Paraná 426, donde tiene la oficina la mediadora.

Si bien no fue dado a conocer el motivo de la intimación contra el sacerdote, se presume que es a raíz de dichos en el marco del proceso penal que terminó con una condena a 15 años de prisión que recayó sobre Grassi.

Así, mientras Grassi quiere llevar a juicio al fiscal que lo acusó, también goza de su libertad pese a estar condenado a 15 años ya que hasta el momento ni el Tribunal que lo enjuició, ni la Cámara en lo Penal de Morón, ni la Cámara de Casación Bonaerense aceptaron ser competentes para resolver sobre si corresponde o no que cumpla la pena.

Grassi está condenado por el abuso en perjuicio del joven conocido con el nombre de “Gabriel”, hecho que ocurrió -según el Tribunal que lo juzgó- a fines de 1996.

Los ferroviarios cambian de abogados

Tras los procesamientos de los siete detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra, dos de los cinco ferroviarios acusados cambiaron de abogados defensores. La decisión habría sido tomada desde la Unión Ferroviaria, y luego que la investigación apuntara hacia la cúpula del gremio. Una de los procesados designó como nuevo letrado a un importante estudio penal reconocido en el ambiente.


La cúpula de la Unión Ferroviaria preocupada ante la situación cada vez más complicada que afronta por la causa del crimen del militante del Partido Obrero decidió contratar a un prestigioso abogado penalista de un reconocido estudio porteño en el ambiente para asesorar a uno de los cinco ferroviarios detenidos.

Se trata de Juan Carlos Pérez quien desde las últimas horas empezó a contar con el asesoramiento del abogado Mario Hernán Laporta, del estudio Laporta-Sandro, quien asumió la defensa en reemplazo de la letrada Cristina Benítez Morel.

La decisión fue tomada por la dirigencia de la Unión Ferroviaria, y ahora el nuevo abogado como primera tarea tendrá que realizar el recurso de apelación contra el procesamiento de Pérez, para intentar revertirlo en la Cámara del Crimen.

Otro que cambió de abogado es Franciso Armando Uño, quien era asesorado hasta hace poco por el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid.

Uño, quien según la jueza de la causa fue una de las personas que estuvo armado en el lugar en que cayó muerto Ferreyra, ahora contará con un nuevo abogado. Algunos aseguran que está en tratativas para contratar a un letrado de apellido Igounet.

El cineasta tuvo que ir a Tribunales por su documental



Foto Internet

 Enrique Piñeyro tuvo que presentarse a mitad de semana pasada en los Tribunales de Comodoro Py convocado por la Justicia luego que un Brigadier le iniciara una querella por su documental Fuerza Aérea Sociedad Anónima. En éste, el cineasta da cuenta de irregularidades en el funcionamiento del transporte aéreo.

El ex piloto y director de Fuerza Aérea Sociedad Anónima Enrique Piñeyro fue a Tribunales el pasado miércoles para responder ante una querella por calumnias e injurias que le inició hace tiempo el Brigadier Héctor Cid.

Cid le inició una denuncia luego que el cineasta estrenara su documental donde da cuenta de irregularidades en el funcionamiento del transporte aéreo, y por las declaraciones periodísticas que hizo Piñeyro respecto a él, entre otras tales como:  "querrías investigar por qué el Brigadier Cid cuando era comandante de Regiones Aéreas en el año 93 habilitó el Aeródromo El Pampero de Santa Rosa como aeródromo público sin un jefe de aeródromo, violando.......". 

Piñeyro fue a notificarse de la denuncia en su contra en el juzgado federal Nº 4, de Ariel Lijo, y se mostró muy tranquilo ante quienes lo consultaron de su visita a los Tribunales.

Tal vez, el ex piloto haya sido avisado de las pocas posibilidades que la causa avance, ya que la modificación del Código Penal de 2009, elimina virtualmente el delito de calumnias e injurias cuando se trata de asuntos de interes público.

Un testigo dejó en off side a Sadous



Foto Internet

                                   
Un empresario ganadero desmintió nuevamente hoy al ex embajador en Venezuela, y quien dio origen a la causa por presuntas coimas pagadas por operaciones comerciales con ese país. Ante la Justicia, Eduardo Cavanagh negó a Eduardo Sadous y complicó aún más su situación en el marco de la denuncia penal que pesa en contra de este último.


El empresario ganadero Eduardo Cavanagh declaró como testigo hoy ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y negó un diálogo que el ex embajador Eduardo Sadous dijo haber tenido, en donde le habría manifestado que le pidieron reembolsos para entablar negociaciones con Venezuela, y que luego fue apartado del negocio por presión de la parte argentina.

Cavanagh declaró en la causa por la querella que el ex funcionario Claudio Uberti y el ministro Julio De Vido le iniciaron a Sadous por presunto falso testimonio, luego que varios testigos negaran sus dichos respecto a que hubieron coimas en las negociaciones con Venezuela, en su mayorìa por ventas agrícolas.

En dos horas de declaración, Cavanagh sólo aclaró que lo extraño que él percibió fue que los venezolanos estuvieron interesados en el negocio que iban a llevar a cabo con él en 2004 por la venta de unas mil vaquillonas, y que luego, en el marco de una convención en argentina fue desplazado del negocio. El empresario dijo que en esa ocasión no podía ya tener acceso al contingente venezolano, y que por ello se frustraron las negociaciones.

El empresario, quien ya yabía declarado y desmentido a Sadous al declarar en la causa principal que tiene el juez Julián Ercolini, también desmintió que se le hayan pedido reembolzos para emprender las negociaciones con Venezuela.

Para el 16, se espera la declaración del entonces segundo de Sadous, el ex agregado Comercial en Venezuela Alberto Álvarez Tufillo.

El mensaje político de Narodowski

El ex ministro visitó Tribunales la semana pasada nuevamente para ser interrogado por la causa de las escuchas telefónicas ilegales, y dejó un claro mensaje político hacia algún funcionario macrista. Susa allegados cuentan cuál es la postura dentro del PRO en torno al rol del ex funcionario en la causa que tiene como principal imputado a Macri.


Mariano Narodowski volvió por tercera vez a ser indagado el pasado miércoles y en su intento de negar cualquier tipo de vínculo extra laboral con el espía Ciro James, quien trabajó como asesor en el Ministerio de Educación, no ocultó su mensaje político hacia algún funcionario macrista que permanece en su cargo.

"Sólo existe en mi contra una hipótesis de responsabilidad objetiva de la que políticamente me hice cargo al presentar mi renuncia, como pocos lo hicieron, pero que no guarda relación alguna con los criterios de imputación penal......", aclaró Narodowski en uno de los últimos párrafos del escrito que le dejó al juez Norberto Oyarbide.

El mensaje sobre que "pocos" asumieron la responsabilidad política y en consecuencia renunciaron, pudo haber estado dirigido a dos figuras claves que fueron vinculados con la causa de las escuchas. Algunos dicen que el destinatario es el actual ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, quien fuera desvinculado de la causa por decisión del juez.

Sin embargo, otros dicen que el otro destinatario es el actual secretario de Recursos Humanos del Gobierno porteño Andrés Ibarra, quien era segundo de Narodowski en el Ministerio de Educación, y quien fuera indagado varias semanas atrás.

Al ser indagado, Ibarra se deshizo de culpas y dejó en evidencia a Narodowski. Es que aseguró que su entonces Jefe fue quien propuso y contrató al espía James.

La jueza del caso Ferreyra teme lo que publiquen los medios y presiona

Es Susana Wilma López quien en los últimos días se mostró molesta y nerviosa por las versiones periodístícas que daban cuenta de una definición "inminente"de la situación de los detenidos por el crimen del militante del PO. Además, emisarios del juzgado preguntan a periodistas sobre el origen de algunas informaciones, y se presiona a los abogados de las partes para que no divulguen datos a la prensa.


Secretarios del juzgado de instrucción Nº 38 que llevan adelante la investigación, intentaron -consultando a los propios periodistas- saber quie o quienes habían sido los que informaron sobre una "inminente" resolución de la jueza para definir si procesaba o no a los siete detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Por orden de la jueza, los secretarios hablaron con algunos periodistas preguntando quien o quienes habían dado a correr esa versión en los medios. Ya al comienzo de la semana, y luego que se había levantado el secreto de sumario, López también se mostró nerviosa y molesta por la presencia de periodistas acreditados en Tribunales en las cercanía de su juzgado.

Según cuentan, ese lunes por la tarde, cuando la jueza estaba ampliando la indagatoria de algunos detenidos, y al advertir que al menos tres periodistas estaban cerca de su juzgado en el quinto piso del Palacio de Justicia, se dio aviso a la policía que custodia el ingreso para que los retirasen de ese lugar.

Como si ello fuera poco, la jueza pide a las distintas defensas que intervienen que no develen datos de la investigación a la prensa. Incluso, a algunos de ellos les hizo firmar un documento en el que los comprometía a no divulgar cierta información a los periodistas. La preocupación de López por lo que pueda salir publicado en los medios permanece, más allá que el pasado lunes levantó el secreto de sumario.

Ex asesor de Jaime ocultaría datos para no comprometer a Jaime

Se trata de Manuel Vázquez, asesor del ex secretario de Transporte quien no habría presentado su declaración jurada, y que según los investigadores podría estar vinculado con el supuesto enriquecimiento ilícito de Jaime. La Cámara Federal le ordenó a Oyarbide que siga esa pista, para saber si el ocultamiento del ex asesor obedece a resguardar datos que puedan comprometer al su Jefe.


La Cámara Federal avaló la hipótesis del fiscal federal Carlos Rívolo quien esgrimió que la omisión maliciosa de Manuel Vázquez al no presentar su declaración jurada sería como una maniobra para ocultar el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime.

Rívolo apeló la medida del juez Norberto Oyarbide, quien entendió que la causa contra Vázquez debía ser investigado por otro magistrado, por la vinculación de ambas causas ya que la conducta dle ex asesor tuvo como fin obstaculizar la pesquisa sobre el ex secretario de Transporte.

La Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a esa apelación y determinó que la investigación sobre Vázquez quede en manos de Oyarbide, quien a su vez investiga a Jaime por dádivas y por enriquecimiento ilícito durante su paso por la administración pública.

Jaime está convocado como imputado para declarar el próximo miércoles por presunto recibimiento de dádivas, luego que lo haga esta semana su mujer, Silvia Reyss.

No obstante, fuentes consultadas adelantaron que Jaime podría sumar más dolores de cabeza antes de fin de año, en una de las tantas causas que tiene abierta en Comodoro Py 2002.

El veredicto por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador será en 2011

A más de dos años de juicio oral y público contra Menem y otros 17 acusados por la supuesta venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador será a principios de 2011. Antes de año, se conocerán los alegatos de la querella y la fiscalía, y los años de pena que pedirán para el ex presidente, entre otros.

El veredicto del juicio por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y que tiene como principal acusado al riojano Carlos Menem será a principio de 2011, y el ex mandatario afronta una pena que va de los cuatro a los doce años de prisión, tal cual lo prevé el delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico, y por el cual junto con otras 17 personas está siendo juzgado.

Antes de terminar el 2010, habrá lugar para que la querella y la fiscalía, a cargo de Marcelo Agüero Vera y Mariano Borinsky, den sus alegatos, para lo cual se utilizarán aproximadamente seis jornadas de debate. El juicio, que comenzó en octubre de 2008, se realiza los martes y viernes en Comodoro Py 2002.

Muchos estiman que enero- el mes de la feria judicial- el Tribunal Oral Penal Económico N 3, a cargo del juicio, se lo tomará como para ir redactando el veredicto. Al retomarse la actividad judicial en febrero, se prevé que las defensas, que son un total de 18, puedan alegar.

Por ello, es de esperar que el veredicto recién se conozca para los primeros meses del año próximo. Entre los acusados están Menem; el ex cuñado presidencial Emir Yoma; y el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión.

Siguen las amenazas contra Burstein

                                                      

                                           
Luego que denunciara estar amenazado por presencias sospechosas en un local comercial de su propiedad, Burstein, quien realizara la denuncia que diera origen a la causa por las escuchas telefónicas ilegales, asegura que aún es víctima de amenazas. En esta ocasión, le dieron un mensaje por medio de su hermano: que se "deje de joder".

"Decile a Sergio que se deje de joder", escuchó el hermano de Burstein que le dijo una voz desconocida al atender el portero eléctrico de su casa, y ese episodio se sumará a otro de poco antes en el que dos desconocidos preguntaron por quien fuera una de las víctimas del espionaje telefónico ilegal.

Según contó Burstein a este periodista, el primer hecho ocurrió en paralelo a que él vaya a la Comisión Investigadora de la Legislatura a dar su testimonio, y la cual terminó en escándalo.

Burstein, en compañía de un custodio que le fue asignado, estuvo el pasado miércoles en el quinto piso del Palacio de Tribunales, en donde acompañó al joven a quien le alquila el local ubicado en la calle Libertad en su intersección con Sarmiento, en pleno Microcentro.

Ese joven fue quien recibió en el local la visita de dos desconocidos que le preguntaron si estaba Burstein, y que relación había entre ellos. Incluso, a los pocos días el inquilino del local los vio merodeando la zona. El miércoles dio su testimonio ante el fiscal federal Jorge Di Lello, a quien le fue delegada la investigación.

Ahora, Burstein pondrá en conocimiento al fiscal de este nuevo hecho en el que le dejaron un mensaje por intermedio de su hermano.

La causa por las escuchas telefónicas ilegales que involucra al Jefe de Gobierno Mauricio Macri, tuvo su origen cuando alguien aún no identificado llamó a la casa de Burstein y le avisó que su teléfono estaba pinchado por orden del ahora detenido ex Jefe de la Policía Metropolitana Jorge "fino" Palacios. Según consta en la causa, tanto Palacios como Macri tuvieron interés en escuchar a Burstein.