Los Taddei preocupados por la salida de presos

La familia de Wanda sigue de cerca la causa que se inició por la presunta salida irregular de presos a manos de “Vatayon Militante”. Esta semana fue a Tribunales y se entrevistó con el juez que tiene la investigación, para saber cómo avanza y conocer la situación que atañe al músico Eduardo Vázquez.

La familia de Wanda Taddei visitó esta semana los tribunales federales de Comodoro Py y lo hizo no por la causa de la muerte de su hija y la condena al músico Eduardo Vázquez, sino para saber cómo avanza la investigación por la salida de presos de los penales a manos de “Vatayon militante”.

Rubén Taddei, hermano de Wanda, se entrevistó a mediados de esta semana con el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene una investigación que involucra a “Vatayon Militante”, la agrupación que favoreció la salida del penal del propio músico Vázquez, condenado por homicidio de Wanda Taddei, y otros presos.

Particularmente, la familia de Wanda no sólo está interesada en el caso de Vázquez, quien salió en al menos dos oportunidades, sino también de cómo se instrumenta la salida de los presos, las cuales se daría en forma presuntamente irregular.

Según se le dijo en la reunión, Martínez de Giorgi está acumulando varios informes de presos que tuvieron salidas, y a futuro volvieron a programar una reunión para poner al tanto de cómo avanza la investigación.

Se vienen los festejos en Casación por el aniversario

En los próximos días la Cámara Nacional de Casación Penal festejará sus 20 años de existencia, y lo hará con bombos y platillos. No sólo se prepara un acuerdo al que asistirán juristas de todo el mundo, sino también una cena protocolar para todos los miembros del máximo tribunal penal.

La Cámara Nacional de Casación Penal ahora rebautizada Cámara Federal de Casación Penal cumple 20 años de vida, y sus miembros harán un festejo con todas las luces. Para el aniversario, se prepara un gran acuerdo al que están invitados juristas de todo el mundo, como son integrantes de la CIDH, miembros de la Corte y personalidades destacadas de la Justicia.

Los miembros de Casación están en plena preparación, y el festejo incluye exponer los fallos más importantes que dictó el Tribunal en los últimos años, y también los acuerdos que estableció la máxima instancia penal de nuestro país.

Junto con el acuerdo, se prepara una cena protocolar en la que está previsto asistan todos los integrantes de Casación y secretarios. La cena aún no tiene fecha y lugar pero está a definirse ésta semana, según fuentes.

Circulación prohibida en el primer piso de Comodoro Py

La circulación por los pasillos del primer piso de los tribunales de Retiro está limitada. El pasado jueves la policía que custodia el lugar le ordenó a un abogado que evite circular por aquellos tramos en donde están los accesos a las puertas de los despachos de los jueces de Casación. El abogado promete realizar una queja formal.

El jueves pasado el mediodía el abogado Adrián Albor circulaba por el primer piso de Comodoro Py, donde están todos los juzgados y las mesas de entrada de Casación cuando se vio sorprendido por el pedido de un policía quien le pidió evitar circular por aquellos tramos en donde están las puertas de acceso a los jueces.

Albor pretendía atravesar de un extremo al otro del piso, en donde en ambos puntos están las mesas de entrada de Casación. En el medio, fue frenado por personal policial que habitualmente está presente en el medio del pasillo, y le pidieron que para llegar a la otra punta lo haga por los pisos de abajo.

Esto es, sin cruzar por el tramo donde está el acceso a los despachos de los jueces. El policía le aseguró que la orden la había dado Pedro David, presidente de la Cámara Nacional de Casación Pena.

El abogado Albor, defensor de Luis D´Elía, se dirigió enfurecido a la vocalía de David en reclamo de explicaciones, pero no fue atendido. No obstante, el letrado promete realizar una queja formal en los próximos días.

Garbellano en Tribunales al pepe

El empresario del espectáculo fue a tribunales de Comodoro Py a ponerse a disposición de la Justicia y radicar domicilio a raíz del pedido de captura en su contra por el episodio de las joyas en Paraguay. Pero el expediente había sido girado a Morón por lo que su visita al juzgado fue al pepe, ya que no pudo firmar nada.

El empresario Luciano Garbellano fue a Tribunales Federales de Comodoro Py el lunes pasado, y si bien intentó fijar domicilio y ponerse a disposición del juez Sergio Torres a raíz de la causa que pesa en Paraguay en su contra por el robo de unas joyas no pudo hacerlo.

Es que el expediente Torres ya lo había girado a su par de Morón, el juez federal Juan Pablo Salas, este último a cargo de la extradición que pesa sobre la vedette Moria Casán.

Garbellano fue junto con su abogado e intentó radicar domicilio luego que haber depositado la caución de 50 mil pesos que le impuso el juez Torres, pero para hacer efectiva la eximición de prisión sólo faltaba que el empresario se presentara en Tribunales, aportara domicilio y se comprometiera a cumplir reglas de conducta.

Pero no pudo hacerlo. El expediente ya estaba camino a Morón, por lo que será ante aquel juez quien Garbellano deba ponerse a disposición, y luego junto a Moria afrontar el proceso de dextradición. 

El error de tipeo en el juzgado de Oyarbide

A raíz de una denuncia por supuesto proselitismo en las escuelas y que involucra a la Campora, Oyarbide recién fijó para el 24 de octubre para que un abogado ratificara una presentación. Pero a las horas, el letrado fue advertido de un “error de tipeo” sobre las fechas, y la convocatoria se adelantó para este lunes.

El bolillero paró y la causa por supuesto proselitismo en las escuelas y que involucra al kirchnerismo, y más concretamente a La Campora quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide. A partir de allí el denunciante sabía que la causa no iba a tener un curso normal, y menos aún despejado de sospechas por un magistrado cuestionado desde todos los sectores.

Las sospechas se incrementaron aún más en estos días. Es que Oyarbide recién fijó al denunciante que la ratificación de su presentación la haga el próximo 24 de octubre, esto es, dos meses en donde se presume que el expediente que tiene en la mira a Franco Vitali estará estancado.

Pero tras las críticas realizadas por el denunciante, el denunciante recibió un llamado del juzgado: le dijeron que había habido un error de tipeo en la cédula de notificación y que la fecha para ratificar la denuncia era este lunes 27 de agosto a las 11 horas. 

El denunciante es el titular de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional José Magioncalda.

Sanciones se vienen en pleno juicio

Es en el de Mariano Ferreyra y a raíz del comentario que advirtió el Tribunal de algunos defensores. Los dichos son expresados por los abogados de los acusados, y cuando interrogan a los testigos. Las querellas le piden que se guarden sus palabras al momento de dar sus alegatos.

Una de las imágenes y advertencias reiteradas en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra es la del presidente del Tribunal advirtiendo a algunos de los defensores por sus comentarios cuando interrogan a algunos de los testigos, y la de las querellas reclamándoles que se guarden sus palabras para cuando den alegatos.

El último episodio tuvo como protagonizas a los abogados Alejandro Freeland, defensor del segundo de la UF Juan Carlos Fernández, y a Oscar Igounet, defensor del ferroviario Armando Uño.

Luego de hacer preguntas  a un testigo, Igounet coronó su turno de preguntas con una frase que disgustó al presidente del Tribunal, Horacio Días. Acto seguido, siguió con las preguntas su colega Freeland y ante la insistencia del testigo que dijo no recordar varias cosas, el letrado expresó: “no tengo más preguntas si total no recuerda nada”.

A raíz de ello, el presidente del TOC21 les recordó que si se persistía en esa actitud iba a aplicar las sanciones disciplinarias que estipula el Código de Procedimiento.

La jueza va a investigar en pleno verano madrileño

Servini de Cubría resolvió que sacrificará varios días de septiembre para viajar a España en pleno verano de aquel país y avanzar en la causa que tiene a su cargo por crímenes cometidos por el Franquismo. Su estadía será junto con colaboradores y un secretario de la Corte Suprema.

La jueza federal María Servini de Cubría viajará a Madrid y Barcelona en septiembre próximo, en pleno verano del país ibérico, pero no para tomarse vacaciones sino para intentar avanzar en la causa a su cargo por crímenes del franquismo.

El viaje está programado entre el 8 y el 28 de septiembre próximo y será a ambas ciudades para tomar testimonios de víctimas y así avanzar en la investigación.

La jueza prefirió viajar personalmente en lugar de pedir las declaraciones vía exhorto o bien tomarlas por teleconferencia. Su viaje será junto con un secretario de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Juan Miragaya, entre otros colaboradores.

Una buena nueva para Oyarbide

En un caso derivado del escándalo “spartacus” y en la el magistrado había sido demandado por calumnias la Casación dio por cerrado el caso y no hizo lugar a una apelación para que el caso vaya a la Corte. El demandante era la familia del fallecido abogado Luis Darritchon, defensor de su colega Cúneo Libarona a quien Oyarbide detuvo en 1997.

La Cámara Nacional de Casación Penal le dio una buena nueva al polémico juez Norberto Oyarbide: luego de sobreseerlo en una causa por calumnias, la cual es un desprendimiento del escándalo “Spartacus”, ahora rechazó que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de una causa por calumnias que le hizo el abogado Luis Darritchon al juez, luego que éste lo acusara de que le ofreció dinero a cambio de aliviar la situación de su colega Mariano Cúneo Libarona.

Fue en pleno escándalo del prostíbulo “Spartacus” y cuando Oyarbide en 1997 detuvo a Cúneo Libarona a raíz de la difusión de un video vinculado con el caso AMIA.

Ahora, los jueces Mariano Borinsky y Juan Gemignani no hicieron lugar a una apelación contra un propio fallo en el que sobreseyeron a Oyarbide, y así permitir que el caso no fuese revisado por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, los hijos del abogado fallecido Darritchon pueden aspirar a llegar a la Corte por medio de un recurso de queja, el cual cuenta con menos probabilidades de tener éxito.

Los medicamentos puede ser eje de nuevos enfrentamientos entre fiscal y juez

A la pelea suscitada entre el fiscal Comparatore y el juez Oyarbide, a raíz que el primero lo cuestionó por sus buenos ingresos y el haber adquirido un supuesto millonario anillo ahora la causa por la “mafia de los medicamentos” puede ser eje de una nueva pelea entre ambos.

La causa por la “mafia de los medicamentos” desde hace varios meses está en instancia de ir a juicio oral y público y si bien el juez federal Norberto Oyarbide tiene la intención de firmar la misma, desde la fiscalía, en cambio, la intención es seguir investigando con más medidas de prueba.

Varios meses atrás, Oyarbide corrió vista a todas las partes para que opinen si corresponde o no elevar a juicio. El fiscal Eduardo Taiano, quien reemplazó a su par Luis Comparatore meses atrás, pidió nuevas medidas de prueba al juez.

Semanas atrás, Comparatore reasumió su fiscalía y desde entonces tiene en su poder el expediente aunque también insistirá con nuevas medidas de prueba, que en el pasado el juez Oyarbide se negó a llevar a cabo.

Es por ello que esta causa pueda reeditar nuevos enfrentamientos entre el juez y el fiscal, ya que Comparatore fue durísimo al cuestionarlo a Oyarbide por tener un anillo supuestamente valuado en 250 mil dólares.

Allegados a la causa prevén que la causa por la venta de medicamentos truchos o bien vencidos sea un nuevo capítulo del enfrentamiento que tiene como protagonistas a ambos. 

Dos gendarmes que investigan a la Gendarmería

En el marco de la causa por supuesto espionaje de Gendarmería, el juez Oyarbide ordenó pericias en el caso y si bien las mismas las encargó a la SIDE y a un técnico particular contratado por la Justicia, dispuso que también participe dos gendarmes que ¿investigarán? a la fuerza a la que pertenecen.

El juez federal Norberto Oyarbide resolvió que dos gendarmes participen de una pericia clave en la que justamente se investiga a Gendarmería por supuesto espionaje ilegal mediante un software que se conoció como “Proyecto X”.

En una medida cuestionada por las querellas, el juez permitió que dos gendarmes se encarguen de realizar una pericia clave y que puede involucrar aún más a la fuerza, por lo que se critican la intervención de estos dos efectivos.

En la pericia que participa la SIDE y un perito informático particular contratado por el juzgado, se intenta determinar si Gendarmería realizaba tareas de espionaje en marchas o manifestaciones, en donde hasta incluía datos de tendencia ideológica de las personas, y la misma la almacenaba en discos rídigos que ahora serán analizados. 

Un juez atípico y cruces varios en el juicio a Pedraza

La intervención del presidente del Tribunal Oral Criminal Nº 21 con sus respuestas irónicas y su forma de dirigir el debate que comenzó ayer, se le sumó como protagonista los cruces varios que hubo entre los abogados de las partes. Ya comenzó el juicio por el asesinato de Ferreyra, con todo.

El comienzo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra fue con todo: el presidente del TOC21 Horacio Dias tuvo un papel protagónico a través de sus respuestas a las partes y sus diálogos con la fiscal del caso.

Dias invocó los dichos del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sobre el “olor a azufre” que le endilgó a uno de los abogados defensores, cuando éste tuvo un incidente en pleno juicio y se le prendió fuego un oficio al tomar contacto con una lámpara de escritorio.

No quedan dudas que Dias se llevó el papel protagónico por esa y otras intervenciones. Pero el premio de reparto, lo tuvieron los abogados. La querellante María del Carmen Verdú también aportó su cuota de ironía, cuando al gripo de “¿empezamos ya los alegatos?”, cuando algún colega de la defensa ensayaba una teoría sobre lo ocurrido aquel 20 de octubre de 2010, día en que fue asesinado Ferreyra.

También el querellante Alberto Bovino intentó refutar los dichos del abogado Carlos Froment, defensor del sindicalista José Pedraza, cuando ensayaba una teoría sobre supuesta persecución en contra del titular de la Unión Ferroviaria. A raíz de su intervención, Froment le pidió “déjeme hacer mi trabajo”. El cruce motivo la intervención del juez Dias para reprenderlo a ambos para que no dialoguen entre ellos sino que se dirijan hacia el Tribunal.

Una reprimenda al fiscal por sus palabras “inadecuadas, irrespetuosas e innecesarias”

Se trata del fiscal Antonio Gómez quien acusó que había demoras injustificadas en su provincia por causas de lesa humanidad durante la última dictadura. La Cámara Federal sacó una acordada en la cual lo tilda de falaz y de irrespetuoso.

La Cámara Federal de Tucumán emitió una dura reprimenda al fiscal del fuero Antonio Gómez, luego que éste acusara ciertas demoras injustificadas en el avance de las causas por lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Las palabras del fiscal “no se ajustan a la verdad y que,  por ello, no se toleran de ningún modo sus dichos respecto de que tales causas vienen sufriendo demoras inaceptables”, dice la acordada firmada por los jueces, en la cual además tildan las palabras de Gómez de “inadecuadas, irrespetuosas e innecesarias”.

Gómez había acusado que durante la feria no se tratan las causas de violación a los derechos humanos, y la Cámara le recordó que eso es competencia de cada juez que tiene a cargo determinada causa.

Por ello, le reprocharon que sus dichos “constituyen un agravio a los miembros y funcionarios de este Tribunal y a los jueces y funcionarios de la jurisdicción, en atención al notable esfuerzo que en ella se lleva a cabo para tramitar sin demoras ni interrupciones este tipo de causas, atento a la naturaleza de los derechos que se hallan en juego en las mismas.

Plan de pagos en causa madre de evasión

En una de las causas más grandes que tiene la Justicia argentina por evasión la Justicia se dispuso a recuperar el dinero. Así, utilizando una ley sancionada en 2009, la mitad de los acusados se acogieron a un plan de pago de pagos y a cambio se extingue la acción penal en su contra.

La mitad de los acusados en una de las causas más grandes de evasión que investiga la Justicia argentina, conocida como “Viazzo”, se comprometieron a devolver el dinero no tributado y a cambio se les extinguirá la acción penal.

Cuando la causa estaba camino a juicio, y ante la eventualidad de recibir una pena, la mitad de los acusados de comprometió ante el juez en lo penal económico Rafael Caputo a devolver en un plan de pago de años el dinero no tributado.

Las fuentes explicaron que ello es posible gracias a la sanción de una nueva ley en el Congreso en el año 2009. Así, la causa penal contra los acusados que se acogieron al plan de pagos queda momentáneamente suspendida, aunque ojo, de no abonar las cuotas, se les reactivará la causa.

En el marco de esta causa, la Justicia dio por acreditado que se utilizaron facturas truchas por una gran cantidad de firmas, algunas de renombre, e incluso por medio centenar de organismos públicos.

Fondos del Consejo para proyecto X

El Consejo de la Magistratura cedió una partida de poco más de 1.000 pesos al juez Oyarbide para que éste pueda adquirir equipamiento informático, con el fin de encarar una pericia en la causa por supuesto espionaje ilegal de Gendarmería. Ahora, comienza el estudio clave en el caso.

El juez Norberto Oyarbide recibió más que buenas noticias esta última semana, ya que el Consejo de la Magistratura aprobó un pedido suyo por el cual le otorgarán unos 1.100 pesos para comprar equipamiento informático con el cual realizar un peritaje en la investigación por supuesto espionaje ilegal de Gendarmería y mediante un sistema conocido como “proyecto X”.

Los fondos fueron reclamados hace semanas por el juez al organismo, y éste en los últimos días aprobó una resolución por la cual le otorgan poco más de 1000 pesos para comprar un disco rígido de un Tera.

Fuentes del caso cuentan que ese equipamiento es clave para encarar el peritaje del contendido de varias computadoras utilizadas por Gendarmería y que fueron entregadas por la ministra Nilda Garré.

Si bien una parte del peritaje estará a cargo de la Secretaría de Inteligencia, otra - por orden del juez- será realizada por el técnico informático Gustavo Presman.

El disco rígido de 1 Tera era necesario y no había uno en manos del Poder Judicial. Sólo restaba conseguir los fondos para encarar el trabajo, finalmente Oyarbide lo consiguió.

Participación de ONG en un ámbito estrecho en Tribunales

El máximo Tribunal penal del país aprobó que a partir de ahora las ONG´s y entidades puedan participar de las acordadas generales de Casación, donde se fijan políticas en derecho y temas propios de la Justicia.

El plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal aprobó una acordada que permite que las distintas ONG´s y entidades sociales puedan participar de las llamadas acordadas generales.

La nueva disposición implica un cambio de tendencia en la Casación, ya que siempre las acordadas fueron reservadas y de muy poca difusión.

Ahora, los jueces de Casación aprobaron que las ONG´s y entidades puedan estar presentes en las acordadas y así darle mayor transparencia al acto.

La Cámara de Casación se caracteriza por ser un círculo muy cerrado, y esta medida promete darle un poco más de luz a ese ámbito

Pablo Schoklender tuvo un fugaz paso por Rusia

En los casi dos meses que estuvo detenido, Pablo Schoklender compartió pabellón con varios extranjeros, entre ellos un grupo numeroso de ciudadanos rusos. El menor de los hermanos aprendió el idioma y hasta trabó cierta amistad con alguno de los compañeros de cárcel. Sergio Schoklender en la misma cárcel pero en otro lugar, estuvo con presos famosos.

Pablo Schoklender pasó casi dos meses detenido en el penal de Ezeiza y en un pabellón de extranjeros por lo que en las últimas semanas compartió el lugar con un grupo numeroso de rusos con quienes pudo aprender el idioma y hasta compartía tardes de series y novelas oriundas de ese país.

En un pabellón de extranjeros y junto con el contador Alejandro Gotkin, otro de los detenidos en la causa, Pablo Schoklender se cruzó con innumerables personajes de distintas partes del mundo. De su paso por el penal, sobresale la relación que trabó con un ucraniano, a quien le regaló un par de zapatillas, un italiano y un grupo de rusos.

Los rusos compartieron con Pablo Schoklender las últimas semanas. Por largas horas y todos juntos frente al televisor, compartían novelas y series oriundas de aquel país, y el menor de los hermanos hasta incursionó en el idioma.

Sergio Schoklender estuvo en el mismo penal pero en otro pabellón. En el mismo lugar que están detenidos el sindicalsita José Pedraza (acusado del crimen del militante del PO Mariano Ferreyra); el músico Eduardo Vázquez (condenado por el homicidio de Wanda Taddei); y Ricky Martínez (el papá del actor, acusado de tráfico de efedrina), entre otros.

La definición por la tragedia de Once tras la feria

Bonadío va a tomarse el tiempo para definir cómo sigue la causa por la tragedia ferroviaria que causó 51 muertos, y deja para después de la feria la resolución sobre las situaciones procesales de los acusados.  Por ahora, la causa no tiene detenidos.

El juez federal Claudio Bonadío posterga para después de la feria judicial de invierno la definición sobre las situaciones procesales de los Cirigliano, los ex funcionarios y el motorman de la formación de TBA, en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria en Once que causó 51 muertos en febrero pasado.

Bonadío ya comunicó en forma extra oficial a muchos de los abogados que intervienen en la causa, que la decisión sobre si procesa o no a los imputados se dará a conocer tras la feria judicial, que comienza el próximo 16 de julio y se extiende hacia fin de mes.

El juez en las últimas semanas indagó a los más de treinta imputados, entre ellos, a Claudio Cirigliano, presidente de la firma controlante de TBA, Cometrans; al motorman Marcos Antonio Córdoba, y a los ex funcionarios del área Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, entre muchos otros.

Los procesamientos de todos los imputados ya fue requerida varias semanas atrás por el fiscal del caso, Federico Delgado, quien a su vez viene insistiendo reiteradamente que se profundice sobre el destino que le dieron los empresarios a los subsidios estatales que recibía TBA, antes que el Gobierno Nacional le quitara la concesión de los ramales Mitre y Sarmiento.

Sobornos: sin firma del cliente no hay reclamo

Un ex diputado jujeño involucrado en la causa por los sobornos en el Senado, por el cual De la Rúa afrontará un juicio pidió su sobreseimiento. Pero el fiscal lo tuvo por desistido al notar que el texto si bien tenía la firma del abogado que lo defiende no tenía la del imputado en cuestión.

 

 

El ex diputado provincial es Eduardo Marcelo Carrillo de quien se sospecha intervino en la maniobra por la cual durante la gestión de Fernando De la Rúa se habrían pagado sobornos a senadores para garantizar la ley de flexibilización laboral.

 

Mediante un escrito, el abogado de Carrillo, Martín Clemente, pidió el sobreseimiento del ex diputado jujeño, pero al no tener el texto la firma de éste último fue desestimado de plano.

 

El fiscal federal Federico Delgado tuvo en cuenta que Carrillo “no suscribió” el pedido y por ello “no corresponde formular ninguna opinión”, esto es dictaminar sobre el pedido de sobreseimiento.

 

Delgado tuvo en cuenta que la Cámara de Casación Penal tiene dicho que “los escritos judiciales deben llevar la firma de su presentante. La falta de su asignatura implica que el escrito no produce efecto alguno y que se pierde el derecho que podría haber sido ejercido con la presentación del escrito firmado”.

 

Así es que según las fuentes, se le pedirá al abogado Clemente que haga firmar el pedido por su cliente. Carrillo se sospecha habría sido el nexo con su coprovinciano Alberto Tell, el senador justicialista imputado en la causa.

El festejo con video y todo para el juez que cumple 18 años

Es Claudio Bonadío a quien sus empleados y allegados le preparan una fiesta sorpresa por cumplir 18 años como juez. Una celebración en Parque Norte está preparada para el 7 de julio próximo, donde se expondrá un video con saludos de colegas y funcionarios judiciales, y hasta la presentación de un reconocido humorista.

El juez federal Claudio Bonadío cumple 18 años en su cargo y una mega fiesta se está preparando para celebrar su extensa carrera, la cual tiene fecha para el 7 de julio próximo y en el majestuoso predio de Parque Norte.

Es uno de los secretos que ya va tomando vuelo en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py, y nadie oculta su curiosidad e interés por la mega fiesta que se está preparando para el juez, uno de los sindicados de la camada vieja entre sus pares.

Para la fiesta, ya hubo una producción de fotos en las que el juez Bonadío aparece posando junto con su equipo de colaboradores y secretarios de Comodoro Py.

Pero también ya se realizaron algunos videos que se reproducirán en la fiesta. La encargada de la preparación es Mónica, su secretaria privada, y si bien la idea es que el mismo fuese sorpresa, Bonadío ya se habría enterado.

En uno de los videos varios funcionarios de Comodoro Py le dejaron saludos y felicitaciones por su carrera: entre ellos Ariel Lijo, Julián Ercolini, Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Jorge Di Lello y Norberto Oyarbide.

La idea también es que empleados y ex de Bonadío cuenten algunas de las anécdotas de la larga carrera que lleva a cuestas el magistrado.

En la fiesta, de la cual se empiezan a conocer los primeros preparativos, ya se sabe que el humorista Rolo Villar realizará un sketch.

En busca de antecedentes de Boudou

En una causa en la que se lo acusó de falsear su declaración jurada al anotar un vehículo recién en la declaración jurada de 2010l. El fiscal pidió certificar antecedentes de otra causa que está en poder del juez Bonadío, por los mismos hechos, y en la de la venta de Ciccone.

El fiscal federal Ramiro González pidió buscar antecedentes de una denuncia que pesa contra el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y que está en el juzgado de Claudio Bonadío, en la cual se lo acusa de falsear su declaración jurada a raíz de la inscripción de un vehículo.

Es que el fiscal tiene en su poder una denuncia reciente de Mario Mazzitelli, un dirigente del Partido Socialista Auténtico, quien acusó que Boudou en la Declaración Jurada Patrimonial que presentó en 2010, cuando era ministro de Economía, inscribió un Honda entre sus bienes, pero que en realidad ese vehículo lo adquirió el 1 de julio de 1992.

En la causa que está desde hace mucho tiempo antes en el juzgado de Bonadio la información sería otra, en el sentido que el Honda tuvo dos propietarios antes que Boudou.

Por ello, Ramiro González pidió “certificar” la denuncia en su poder con aquella que tiene Bonadío y el juez Ariel Lijo, éste último quien investiga al Vicepresidente por supuesto enriquecimiento ilícito y la venta de Ciccone Calcográfica.