lunes, 27 de junio de 2011

La otra causa Schoklender va a paso muy lento

Es la investigación que tiene en la mira los contratos pactados entre las Madres y municipios y provincias para la construcción de viviendas sociales, y en la que fueron denunciados Hebe de Bonafini y funcionarios. En esta causa, a diferencia de la que tiene Oyarbide, avanza a paso lento sin llamados a indagatoria en lo inmediato. Aún resta la entrega de documentación pedida por el juez.



Sin llamados a indagatoria previstos a corto plazo, ni allanamientos planificados avanza la investigación que tiene el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobre los contratos pactados entre Madres de Plaza de Mayo y municipios y provincias, para la construcción de viviendas sociales por parte de la entidad.

En esta causa, están denunciados Hebe de Bonafini, el ministro de Planificación, Julio De Vido; y el Jefe de Gabinete, Aníbal Ferández, aunque al impulsar la investigación el fiscal Miguel Osorio no imputó a nadie en particular.

Por lo pronto, el juez Martínez de Giorgi ya recibió copias de los contratos realizados entre las Madres y las provincias de Misiones, Chaco y Santiago del Estero; y el que pactó con Almirante Brown, y Tigre.

Aún resta que entreguen los contratos Ezeiza, Rosario, y Bariloche. Una vez que el juez tenga en su poder todos los contratos, avanzará con el análisis de los mismos y se prevé que amplíe más pedidos de documentación.

Luego de ello, constatará con documentación del Ministerio de Planificación, si en cada uno de los municipios y provincias, no sólo se hicieron la cantidad de viviendas acordadas, sino también la forma en que debían realizarse.

Por eso, en esta causa, a diferencia de la que instruye el juez Norberto Oyarbide, donde ya es casi un hecho la citación de Schoklender y casi a diario realiza allanamientos, no se prevén medidas de trascendencia, al menos por ahora.

martes, 21 de junio de 2011

Otro fallo de la Corte en el olvido

 
Se trata del caso del ex Procurador Eduardo Sosa echado por Néstor Kirchner en 1995, y a quien la Corte Suprema le dio la razón para ser restituido a su cargo en varias ocasiones, la última en 2009. Ahora, el ex funcionario reclamó que se apliquen multas al gobernador de Santa Cruz por incumplimiento del fallo, y volvió a pedir la intervención del Congreso.
 
 
El caso del ex Procurador Eduardo Sosa tal vez sea uno el caso más emblemático sobre el incumplimiento de fallos dictados por la Corte Suprema: se intimó al Gobierno de Santa Cruz a restituirlo en su cargo en cuatro oportunidades y nunca hubo una respuesta favorable, y tampoco tomó intervención el Congreso Nacional para tratar el tema tal cual lo había ordenado el propio Tribunal en septiembre de 2010.
 
Ante esa situación, Sosa reiteró semanas atrás un pedido para que se apliquen multas al gobernador Daniel Peralta por incumplimiento al no restituirlo al ex Procurador en su cargo.
 
Peralta ya fue denunciado penalmente por la propia Corte Suprema por no acatar el fallo del Tribunal. Esa causa que se le abrió está en manos de la jueza subrogante de la provincia Ana Cecilia Álvarez, aunque la misma está semi paralizada.
 
Sosa por medio del abogado Daniel Sabsay también se quejó de que no hubo avances en el Congreso en cuanto a tratar su situación y lograr que sea restituido en su cargo.
 
Como justificación, el gobernador Peralta siempre dijo que es de imposible cumplimiento el fallo de la Corte porque el cargo de Procurador fue disuelto años atrás, y desdoblado.
 
El ex Procurador insiste con ser restituido en su cargo tras rechazar en más de una ocasión ser indemnizado como reparación por ser removido irregularmente. Días atrás, trascendió que Sosa se presentará como candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica.

jueves, 16 de junio de 2011

Las cajitas de Schoklender están sin abrir

Por aquel 6 de junio, Sergio Schoklender se había presentado sorpresivamente en Comodoro Py con gran cantidad de documentación, guardada en ocho cajas de cartón. Sin embargo, todo ese material aún Oyarbide ni lo revisó, y recién lo hará una vez que se levante el secreto de sumario. Hasta entonces, nadie sabe que es lo que presentó el ex apoderado de las Madres.


Las ocho cajas de cartón que hace unos diez días presentó Sergio Schoklender en el juzgado de Norberto Oyarbide aún permanecen fajadas y sin abrir puesto que al estar en secreto de sumario la causa, aún no se dispuso la apertura de las mismas y se sigue sin conocer cuál es su contenido.

Se trata de ocho cajas de cartón que el propio Schoklender fajó con papel y pegamento en la puerta del juzgado por indicación del secretario de la causa Carlos Leiva, y que estaría vinculada con prueba documental contable.

Lo que ocurre, es que la apertura de las cajas se tienen que hacer ante la defensa de Schoklender, para que pueda tener un control de esa prueba y verificar que la misma no sea "contaminada". Mientras tanto, las cajas siguen guardadas en el juzgado.

Por lo pronto, Oyarbide avanza con el análisis de la documentación que se secuestró en los varios allanamientos que dispuso el juez en estos últimos días.

lunes, 13 de junio de 2011

Apostillas del caso Schoklender

La amenaza de muerte que dijo Oyarbide haber recibido a fines de la semana pasada, en el marco de su investigación contra los Schoklender, obligó a reforzar estrictamente el ingreso y todo el edificio de Comodoro Py 2002. Los uniformados requisaron incluso hasta las propias Madres de Plaza de Mayo que fueron a Tribunales. Por otra parte, el menor de los hermanos, Pablo, va conformando un equipo de abogados para afrontar la causa en su contra.

El ingreso a Comdoro Py 2002 se vio fuertemente custodiado por varios uniformados de la Policía Federal, quienes requisaron minuciosamente las pertenencias de todo aquel visitante, luego que el juez Norberto Oyarbide dijera haber sido víctima de amenazas de muerte desde que se hizo cargo de la investigación contra los Schoklender.

De la requisa, ni siquiera estuvieron exentas las Madres de Plaza de Mayo quienes se presentaron el lunes en Tribunales para ser tenidas como parte querellante en la causa.

A la mañana temprano, Oyarbide arribó a Tribunales con su habitual custodia, a cargo de Gendarmería Nacional, y detrás del automóvil en que era trasladado lo seguía se cerca otro vehículo de apoyo.

En la puerta, había una docena de policías que pedían a todo visitante, despojarse de sus pertenencias para pasar por el detector de metal ubicado en el ingreso, y en aquellos casos que la sonaba la alarma, los corrían a un costado y los revisaban minuciosamente, al igual que sus pertenencias.

No sólo allí se notó un abrupto refuerzo de seguridad, sino también en el tercer piso donde Oyarbide tiene su juzgado. Frente a su juzgado, en todo momento, había entre dos y tres policías que miraban de costado a todo aquel extraño que se acercaba.

En tanto, Pablo Schoklender, el menor de los hermanos, ya comenzó a conformar su equipo de abogados para hacerle frente a la causa que tramita en su contra, y en la cual ya se puso a disposición del juez.

Desde el comienzo de la causa, contrató los servicios de un abogado de un perfil bajo y que trabajó como empleado en el fuero penal económico y penal tributario. Se trata de Ramiro Rubinska, hijo de quien fuera presidente del Club Atlanta por varios años, José.

En los últimos días, Pablo Schoklender sumó a su equipo al conocido abogado Pablo Slominsqui, quien habitualmente recorre los pasillos de Comdoro Py y ha intervenido en varias causas de trascendencia pública.

lunes, 6 de junio de 2011

Mariano Ferreyra hubiese cumplido 24 años

El joven militante del Partido Obrero asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria y barras bravas en octubre del año pasado hubiese cumplido 24 años de edad el pasado viernes. Ese mismo día, la querella pidió acusar por homicidio a los policías que liberaron la zona de Barracas donde fue baleado.


El pasado viernes Mariano Ferreyra hubiese cumplido 24 años de estar con vida y no haber caído muerto en Barracas, el pasado 20 de octubre, por una bala que impactó en su abdómen, hecho por el cual están acusadas diez personas, entre ellas el titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza.

Ferreyra, nacido en 1987, cumplía 24 años el viernes y la fecha coincide con la presentación que hicieron los abogados querellantes solicitando el procesamiento por homicidio de siete policías como "presuntos partícipes".

En la causa central, ya están camino a juicio oral Pedraza y otras personas por homicidio. La causa de los policías es un desprendimiento por la actuación que tuvieron los efectivos durante los hechos, ya que se presume liberaron la zona, entre otras cosas.