martes, 28 de diciembre de 2010

Investigarán a jueza que intervino en desalojo del Parque Indoamericano

Se trata de la jueza Elena Liberatori, la cual intervino en el desalojo del predio de Villa Soldati y se encargó de ordenar el operativo de pacificación en el lugar. Es porque la magistrada se arrogó la competencia de la causa pese a que previamente intervenía la Justicia contravencional y el Tribunal Superior de Justicia entiende que ello provocó "demora" en la causa.


La jueza en lo Contencioso Administrativa y Tributaria Elena Liberatori fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por erigirse competente de la causa por el desalojo del Parque Indoamericano, pese a que otra magistrada de otro fuero ya lo venía haciendo, y haber provocado demora en el expediente.

La decisión la adoptó el Tribunal Superior de Justicia, en el fallo en el que otorgó la competencia de la causa a la justicia contravencional. En el desalojo del predio de Villa Soldati intervino originalmente la jueza de ese fuero María Cristina Nazar, y luego de unos días y ante el pedido de organismos sociales tomó intervención Liberatori, quien se encargó de ordenar el famoso "operativo de pacificación".

En un voto conjunto, los jueces Ana María Conde y Luis Lozano entendieron que la actuación de Liberatori "produjo una innecesaria demora en desmedro de la celeridad y eficacia con que debía prestarse el servicio de Justicia".

En su voto, el juez Jorge Franza señaló que "proceder de manera diferente implicaría, a mi modo de ver, por un lado, avalar la posibilidad de que coexistan dos pronunciamientos judiciales contradictorios respecto de un mismo asunto y, por el otro, negar el carácter de ‘juez de garantías’ de todos los magistrados del fuero penal, contravencional y de faltas, a quienes, al igual que al resto de los magistrados, les compete velar por el respeto del principio de legalidad”.

Así, el Tribunal decidió remitir copia de las actuaciones al Consejo para que se investigue a la jueza por su desempeño en la causa.

viernes, 24 de diciembre de 2010

Otro que desmiente a Sadous por las coimas en negocios con Venezuela

Se trata de quien era el segundo en jerarquía en la embajada Argentina en Venezuela, y quien negara que se pagaron coimas en las ventas de productos a Venezuela. Su declaración fue en la causa en la que el ex funcionario Uberti acusa a Sadous por falso testimonio.

El ex agregado comercial en la sede diplomática en Venezuela Alberto Álvarez Tufillo volvió a contradecir al entonces embajador Eduardo Sadous sobre que existieron pedidos de coimas a empresarios argentinos que querían negociar sus productos con el país caribeño.


Álvarez Tufillo declaró como testigo y negó que haya escuchado hablar sobre coimas en las operaciones comerciales, y que -como dijo Sadous- desde el Ministerio de Planificación que dirige Julio De Vido se daban indicaciones sobre a que empresarios argentinos había que privilegiar.

En su declaración ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, el ex diplomático dijo que nunca tuvo conocimiento sobre que representantes de Servas, empresa de ascensores, denunciaron que les pidieron coimas como condición para comercializar con Venezuela.

Esta causa la inició el ex funcionario Claudio Uberti quien denunció a Sadous por falso testimonio, luego que varios empresarios a quienes presuntamente habrían exigido dinero como previa condición para emprender negocios con Venezuela lo desmintieran.

Por otra parte, en los próximos días Sadous sumará un nuevo dolor de cabeza por su denuncia de pago de coimas. Allegados a la causa principal, hablan de una arremetida contra el ex diplomático con presentaciones judiciales.

martes, 21 de diciembre de 2010

El nuevo fiscal del caso Ferreyra intervino en la causa del "Tirador de Belgrano" y la de los barras en River

Se trata de Fernando Fiszer quien reemplazará a Cristina Caamaño en la causa por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra. El fiscal intervino previamente en casos reconocidos como la causa del "Tirador de Belgrano", y en la causa por el asesinato de un barra brava de River que desnudó una interna feroz en el club millonario.


El fiscal subrogante ante el Tribunal Oral Criminal Nº 16, Fernando Fiszer, fue designado para intervenir en la investigación por el asesinato del joven Mariano Ferreyra, en reemplazo de Cristina Caamaño quien días atrás asumió como nueva viceministra de Seguridad.

Si bien la investigación está avanzada, con siete detenidos, aún se especula que la misma avance en cuanto a la cúpula del gremio de la Unión Ferroviaria, el cual quedó bajo el ojo de la tormenta luego de los incidentes que protagonizaron sus integrantes, entre ellos el detenido delegado Pablo Díaz, y por ello Fiszer aún tiene trabajo por delante.

Fiszer intervino como fiscal de instrucción en la causa en la que Martín Ríos, más conocido como el "tirador de Belgrano", fue acusado por el asesinato de Alfredo Marcenac. En ella él firmó un dictámen pidiendo el juicio oral pese a que existía una fuerte duda sobre la inimputabilidad del acusado, y así fue declarado en el juicio oral aunque ahora está pendiente la realización de uno nuevo.

El fiscal también tuvo una fugaz participación en la investigación por el asesinato de Gonzalo Acro, un integrante de una de las facciones de la barra brava de River, y que habría sido asesinado en una interna con el sector que lideraban los hermanos Alan y William Schlenker.

En esa causa, básicamente Fiszer intervino pidiendo el rechazo de varias excarcelaciones, entre ellas la de William Schlenker.

En tanto hoy, las defensas de los siete acusados realizarán el informe "in voce" ante la Cámara del Crimen para revertir los procesamientos dictados en primera instancia dictados por Susana Wilma López. Cada abogado tendrá un lapso de diez minutos para ampliar sus fundamentos ante los camaristas, y en cinco días hábiles se espera una definición sobre las situaciones procesales y algunos planteos de excarcelación.

viernes, 17 de diciembre de 2010

Mudan sala de periodistas de Tribunales por decisión unilateral de Lorenzetti

Es la histórica sala ubicada en la planta baja del Palacio de Tribunales y que por orden del presidente de la Corte será trasladada al tercer piso. No obstante, la medida fue realizada en forma unilateral, sin consulta previa a ninguno de los periodistas que trabajamos ahí diariamente, algunos de ellos quienes lo vienen haciendo de hace más de 30 años.
 
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dispuso mudar la histórica sala de periodistas apostada a metros del ingreso principal de Talcahuano 550, del Palacio de Justicia, sin realizar una previa consulta a los acreditados de distintos medios que día a día trabajamos en ese lugar.
Mediante resolución 3950/10, firmada por Lorenzetti, se notificó a los periodistas que trabajamos en esa Sala, que comprenden las oficinas 2092/2093 que la misma será trasladada al tercer piso por "resignación de espacios" en el Palacio.
Tal cual se informó, donde actualmente se encuentra la Sala de Periodistas, funcionará la mesa de entradas de la Corte.
La decisión del presidente del Tribunal fue tomada sin realizar consulta previa a los periodistas que venimos trabajando en la Sala, algunos de ellos con toda una trayectoria que supera los 30 años en ese ámbito y habiéndose desempeñado en varios medios de comunicación.
  
De concretarse la mudanza, la nueva sala de Periodístas pasaría a funcionar en las oficinas 3031/3032 que si bien ninguno de los periodistas que trabajamos como acreditados la conocimos en persona, sí pudimos saber por quienes sí la visitaron que la misma es de dimensiones más pequeñas y no cuenta con las mismas comodidades con las cuales contamos para trabajar.
Todo ello, mientras desde la Corte se dice promover la libertad de expresión y se fogonea el Centro de Información Judicial (CIJ), brindándole más personal y mayor tecnología, pese a que ya se cuenta con una oficina de prensa de la Corte Suprema

sábado, 11 de diciembre de 2010

La intimación de la jueza del caso Ferreyra para que no se den datos a la prensa

Es la jueza Susana Wilma López quien investiga el crimen del militante del PO Ferreyra. Ahora, envió un oficio a los abogados, tanto de la defensa como los querellantes, intimándolos para que no hablen con la prensa y den a conocer información de la causa.


La jueza que investiga el homicidio de Mariano Ferreyra les hizo llegar a todos los abogados que intervienen en la causa, una intimación mediante un oficio (del cual damos cuenta arriba) para que no divulguen datos del expediente a los medios de comunicación.

El oficio les llegó en los últimos días a los abogados, los que asisten a los siete detenidos como también a los que representan a las querellas, y en él la jueza les advierte que la información que surge de la investigación “solamente es pública para las partes” y “secreto para los extraños”.

El oficio que lleva la firma del secretario Gabriel Gonzalo Rey, justifica la intimación en que los datos que salieron publicados en la prensa gráfica, sobre todo, “puede afectar seriamente el progreso de una investigación”.

La preocupación de la jueza, a cargo del juzgado de instrucción Nº 38, aún persiste luego que ella misma levante el secreto de sumario que impero al comienzo de la investigación, que por el momento cuenta con siete detenidos.

Incluso, algunos abogados aseguraron haber recibido reproches al concurrir al juzgado y por parte de la propia jueza en persona, a raíz de algunas informaciones que fueron publicadas en medios gráficos sobre algunos aspectos de la causa.

La nueva intimación de parte de la jueza sobrevino luego que algunos medios gráficos  publiquen los cuestionamientos que las defensas plasmaron en sus recursos de apelación contra los argumentos que expuso López al procesar a los detenidos con prisión preventiva.

Previamente, la jueza había intimado a algunas de las partes a firmar (cuando se presentaban en el juzgado) una especie de compromiso de no divulgar información a la prensa.


jueves, 9 de diciembre de 2010

El insólito escrache gremial contra los pilotos


La placa que estaba en la puerta del sindicato

La placa con el nombre de varios pilotos de aeronáuticos que se negaron a realizar una protesta encabezada por el sindicato que los reúne, y que estaba en el piso del edificio donde funciona el gremio, dio origen a una demanda contra APLA que ahora está en manos de la Justicia.

La placa (foto) había sido puesta en el piso a la entrada al edificio donde funciona la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) luego que algunos aeronavegantes no se plegaran al paro de 48 horas decretado por el gremio el 7 de julio de 2005, y la cual por la decisión de la Justicia fue retirada al año siguiente.

Al estar ubicada en la entrada del edificio ubicado en Lezica 4031, donde actualmente está el sindicato, quienes concurrían se veían obligados a pisar la placa que llevaba el nombre de al menos unos 16 pilotos. 

Allegados al tema, cuentan que algún que otro familiar de los comandantes o copilotos "escrachados" en esa placa, la saltaban al ingresar al edificio para evitar pisotear el nombre de sus seres queridos.

El comandante Roberto Devesa, uno de los damnificados por ver cómo su nombre estaba incluído en una nómina de indeseables por parte del sindicato, inició una demanda civil contra APLA y su titular Jorge Pérez Tamayo.


El pasado martes y por convocatoria del juzgado civil Nº 89, a cargo de Rosa Vila, se llevó a cabo una audiencia de mediación en la que participó Devesa y APLA, representada por su vicepresidente Pablo Viro, y en la que no hubo acuerdo entre las partes.

Ahora, tras el fracaso de la mediación, se dará continuidad a la demanda (la cual lleva el número 3284/2008) por daños y perjuicios contra el sindicato.



domingo, 5 de diciembre de 2010

Japón pide por turista argentino por manosear a una empleada hotelera

La Justicia de Japón hizo llegar un oficio de nuestro país en el que reclama que se enjuicie a un turista argentino que a principio de año habría besado y tocado a la fuerza a una empleada hotelera en el lujoso City Plaza de Osaka. El acusado podría ser extraditado en caso de avanzar el proceso penal.


La justicia japonesa pidió abrir un proceso penal contra Roberto Losada González, a quien un fiscal de aquel país acusó por tocar y besar las partes íntimas de una empleada de un hotel en Osaka, y que podría derivar en la extradición.

Según el oficio enviado por el fiscal del distrito de Osaka Yokomichi Yasuyoshi, el 11 de enero a las 3.40 de la tarde, en la habitación 1118 del hotel City Plaza, el acusado se abrazó súbitamente a la señorita Matsumoto Maki, empleada del mismo hotel (de 23 años en ese entonces), y la besó, le levantó la ropa que tenía puesta, le lamió su pecho derecho, y le hizo agarrar y frotar su pene; con ello, cometió un acto obsceno mediante coerción.

Losada González, de 62 años y empleado de una empresa, ya fue citado a indagatoria por la jueza federal argentina María Servini de Cubría aunque la audiencia se encuentra demorada ante un planteo de un abogado defensor particular que ya contrató el acusado.

En Osaka el turista argentino fue detenido el 13 de enero - a los dos días del hecho- por orden del juez Wada, y luego de liberado el mismo emprendió viaje de regreso a nuestro país.

Desde la justicia japonesa siguen enviando oficios interesándose en el avance del proceso, que de avanzar podría derivar en un pedido de extradición para que el acusado sea sometido a juicio en ese país.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Grassi quiere llevar a juicio al fiscal que lo acusó


Se trata del fiscal que acusó al padre Grassi en el juicio en el que fue condenado a 15 años de prisión. Ahora fue convocado a una audiencia de mediación para mañana por un juicio de daños y perjuicios que le iniciaría el sacerdote. Mientras tanto, el cura sigue en libertad.


El fiscal de Morón Alejandro Varela fue citado para mañana a las 14,30 horas a una audiencia de mediación a raíz de futuro juicio por daños y perjuicios que le iniciaría el sacerdote Julio César Grassi, a quien acusó durante el debate oral en el que el sacerdote fue condenado por abuso sexual.

La mediación fue a raíz de una intimación realizara por el sacerdote, y la misma tendrá lugar en la calle Paraná 426, donde tiene la oficina la mediadora.

Si bien no fue dado a conocer el motivo de la intimación contra el sacerdote, se presume que es a raíz de dichos en el marco del proceso penal que terminó con una condena a 15 años de prisión que recayó sobre Grassi.

Así, mientras Grassi quiere llevar a juicio al fiscal que lo acusó, también goza de su libertad pese a estar condenado a 15 años ya que hasta el momento ni el Tribunal que lo enjuició, ni la Cámara en lo Penal de Morón, ni la Cámara de Casación Bonaerense aceptaron ser competentes para resolver sobre si corresponde o no que cumpla la pena.

Grassi está condenado por el abuso en perjuicio del joven conocido con el nombre de “Gabriel”, hecho que ocurrió -según el Tribunal que lo juzgó- a fines de 1996.