martes, 30 de noviembre de 2010

Los ferroviarios cambian de abogados

Tras los procesamientos de los siete detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra, dos de los cinco ferroviarios acusados cambiaron de abogados defensores. La decisión habría sido tomada desde la Unión Ferroviaria, y luego que la investigación apuntara hacia la cúpula del gremio. Una de los procesados designó como nuevo letrado a un importante estudio penal reconocido en el ambiente.


La cúpula de la Unión Ferroviaria preocupada ante la situación cada vez más complicada que afronta por la causa del crimen del militante del Partido Obrero decidió contratar a un prestigioso abogado penalista de un reconocido estudio porteño en el ambiente para asesorar a uno de los cinco ferroviarios detenidos.

Se trata de Juan Carlos Pérez quien desde las últimas horas empezó a contar con el asesoramiento del abogado Mario Hernán Laporta, del estudio Laporta-Sandro, quien asumió la defensa en reemplazo de la letrada Cristina Benítez Morel.

La decisión fue tomada por la dirigencia de la Unión Ferroviaria, y ahora el nuevo abogado como primera tarea tendrá que realizar el recurso de apelación contra el procesamiento de Pérez, para intentar revertirlo en la Cámara del Crimen.

Otro que cambió de abogado es Franciso Armando Uño, quien era asesorado hasta hace poco por el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid.

Uño, quien según la jueza de la causa fue una de las personas que estuvo armado en el lugar en que cayó muerto Ferreyra, ahora contará con un nuevo abogado. Algunos aseguran que está en tratativas para contratar a un letrado de apellido Igounet.

domingo, 28 de noviembre de 2010

El cineasta tuvo que ir a Tribunales por su documental


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 Enrique Piñeyro tuvo que presentarse a mitad de semana pasada en los Tribunales de Comodoro Py convocado por la Justicia luego que un Brigadier le iniciara una querella por su documental Fuerza Aérea Sociedad Anónima. En éste, el cineasta da cuenta de irregularidades en el funcionamiento del transporte aéreo.

El ex piloto y director de Fuerza Aérea Sociedad Anónima Enrique Piñeyro fue a Tribunales el pasado miércoles para responder ante una querella por calumnias e injurias que le inició hace tiempo el Brigadier Héctor Cid.

Cid le inició una denuncia luego que el cineasta estrenara su documental donde da cuenta de irregularidades en el funcionamiento del transporte aéreo, y por las declaraciones periodísticas que hizo Piñeyro respecto a él, entre otras tales como:  "querrías investigar por qué el Brigadier Cid cuando era comandante de Regiones Aéreas en el año 93 habilitó el Aeródromo El Pampero de Santa Rosa como aeródromo público sin un jefe de aeródromo, violando.......". 

Piñeyro fue a notificarse de la denuncia en su contra en el juzgado federal Nº 4, de Ariel Lijo, y se mostró muy tranquilo ante quienes lo consultaron de su visita a los Tribunales.

Tal vez, el ex piloto haya sido avisado de las pocas posibilidades que la causa avance, ya que la modificación del Código Penal de 2009, elimina virtualmente el delito de calumnias e injurias cuando se trata de asuntos de interes público.

jueves, 25 de noviembre de 2010

Un testigo dejó en off side a Sadous


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Un empresario ganadero desmintió nuevamente hoy al ex embajador en Venezuela, y quien dio origen a la causa por presuntas coimas pagadas por operaciones comerciales con ese país. Ante la Justicia, Eduardo Cavanagh negó a Eduardo Sadous y complicó aún más su situación en el marco de la denuncia penal que pesa en contra de este último.


El empresario ganadero Eduardo Cavanagh declaró como testigo hoy ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y negó un diálogo que el ex embajador Eduardo Sadous dijo haber tenido, en donde le habría manifestado que le pidieron reembolsos para entablar negociaciones con Venezuela, y que luego fue apartado del negocio por presión de la parte argentina.

Cavanagh declaró en la causa por la querella que el ex funcionario Claudio Uberti y el ministro Julio De Vido le iniciaron a Sadous por presunto falso testimonio, luego que varios testigos negaran sus dichos respecto a que hubieron coimas en las negociaciones con Venezuela, en su mayorìa por ventas agrícolas.

En dos horas de declaración, Cavanagh sólo aclaró que lo extraño que él percibió fue que los venezolanos estuvieron interesados en el negocio que iban a llevar a cabo con él en 2004 por la venta de unas mil vaquillonas, y que luego, en el marco de una convención en argentina fue desplazado del negocio. El empresario dijo que en esa ocasión no podía ya tener acceso al contingente venezolano, y que por ello se frustraron las negociaciones.

El empresario, quien ya yabía declarado y desmentido a Sadous al declarar en la causa principal que tiene el juez Julián Ercolini, también desmintió que se le hayan pedido reembolzos para emprender las negociaciones con Venezuela.

Para el 16, se espera la declaración del entonces segundo de Sadous, el ex agregado Comercial en Venezuela Alberto Álvarez Tufillo.

martes, 23 de noviembre de 2010

El mensaje político de Narodowski

El ex ministro visitó Tribunales la semana pasada nuevamente para ser interrogado por la causa de las escuchas telefónicas ilegales, y dejó un claro mensaje político hacia algún funcionario macrista. Susa allegados cuentan cuál es la postura dentro del PRO en torno al rol del ex funcionario en la causa que tiene como principal imputado a Macri.


Mariano Narodowski volvió por tercera vez a ser indagado el pasado miércoles y en su intento de negar cualquier tipo de vínculo extra laboral con el espía Ciro James, quien trabajó como asesor en el Ministerio de Educación, no ocultó su mensaje político hacia algún funcionario macrista que permanece en su cargo.

"Sólo existe en mi contra una hipótesis de responsabilidad objetiva de la que políticamente me hice cargo al presentar mi renuncia, como pocos lo hicieron, pero que no guarda relación alguna con los criterios de imputación penal......", aclaró Narodowski en uno de los últimos párrafos del escrito que le dejó al juez Norberto Oyarbide.

El mensaje sobre que "pocos" asumieron la responsabilidad política y en consecuencia renunciaron, pudo haber estado dirigido a dos figuras claves que fueron vinculados con la causa de las escuchas. Algunos dicen que el destinatario es el actual ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, quien fuera desvinculado de la causa por decisión del juez.

Sin embargo, otros dicen que el otro destinatario es el actual secretario de Recursos Humanos del Gobierno porteño Andrés Ibarra, quien era segundo de Narodowski en el Ministerio de Educación, y quien fuera indagado varias semanas atrás.

Al ser indagado, Ibarra se deshizo de culpas y dejó en evidencia a Narodowski. Es que aseguró que su entonces Jefe fue quien propuso y contrató al espía James.

sábado, 20 de noviembre de 2010

La jueza del caso Ferreyra teme lo que publiquen los medios y presiona

Es Susana Wilma López quien en los últimos días se mostró molesta y nerviosa por las versiones periodístícas que daban cuenta de una definición "inminente"de la situación de los detenidos por el crimen del militante del PO. Además, emisarios del juzgado preguntan a periodistas sobre el origen de algunas informaciones, y se presiona a los abogados de las partes para que no divulguen datos a la prensa.


Secretarios del juzgado de instrucción Nº 38 que llevan adelante la investigación, intentaron -consultando a los propios periodistas- saber quie o quienes habían sido los que informaron sobre una "inminente" resolución de la jueza para definir si procesaba o no a los siete detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Por orden de la jueza, los secretarios hablaron con algunos periodistas preguntando quien o quienes habían dado a correr esa versión en los medios. Ya al comienzo de la semana, y luego que se había levantado el secreto de sumario, López también se mostró nerviosa y molesta por la presencia de periodistas acreditados en Tribunales en las cercanía de su juzgado.

Según cuentan, ese lunes por la tarde, cuando la jueza estaba ampliando la indagatoria de algunos detenidos, y al advertir que al menos tres periodistas estaban cerca de su juzgado en el quinto piso del Palacio de Justicia, se dio aviso a la policía que custodia el ingreso para que los retirasen de ese lugar.

Como si ello fuera poco, la jueza pide a las distintas defensas que intervienen que no develen datos de la investigación a la prensa. Incluso, a algunos de ellos les hizo firmar un documento en el que los comprometía a no divulgar cierta información a los periodistas. La preocupación de López por lo que pueda salir publicado en los medios permanece, más allá que el pasado lunes levantó el secreto de sumario.

jueves, 18 de noviembre de 2010

Ex asesor de Jaime ocultaría datos para no comprometer a Jaime

Se trata de Manuel Vázquez, asesor del ex secretario de Transporte quien no habría presentado su declaración jurada, y que según los investigadores podría estar vinculado con el supuesto enriquecimiento ilícito de Jaime. La Cámara Federal le ordenó a Oyarbide que siga esa pista, para saber si el ocultamiento del ex asesor obedece a resguardar datos que puedan comprometer al su Jefe.


La Cámara Federal avaló la hipótesis del fiscal federal Carlos Rívolo quien esgrimió que la omisión maliciosa de Manuel Vázquez al no presentar su declaración jurada sería como una maniobra para ocultar el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime.

Rívolo apeló la medida del juez Norberto Oyarbide, quien entendió que la causa contra Vázquez debía ser investigado por otro magistrado, por la vinculación de ambas causas ya que la conducta dle ex asesor tuvo como fin obstaculizar la pesquisa sobre el ex secretario de Transporte.

La Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a esa apelación y determinó que la investigación sobre Vázquez quede en manos de Oyarbide, quien a su vez investiga a Jaime por dádivas y por enriquecimiento ilícito durante su paso por la administración pública.

Jaime está convocado como imputado para declarar el próximo miércoles por presunto recibimiento de dádivas, luego que lo haga esta semana su mujer, Silvia Reyss.

No obstante, fuentes consultadas adelantaron que Jaime podría sumar más dolores de cabeza antes de fin de año, en una de las tantas causas que tiene abierta en Comodoro Py 2002.

lunes, 15 de noviembre de 2010

El veredicto por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador será en 2011

A más de dos años de juicio oral y público contra Menem y otros 17 acusados por la supuesta venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador será a principios de 2011. Antes de año, se conocerán los alegatos de la querella y la fiscalía, y los años de pena que pedirán para el ex presidente, entre otros.

El veredicto del juicio por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y que tiene como principal acusado al riojano Carlos Menem será a principio de 2011, y el ex mandatario afronta una pena que va de los cuatro a los doce años de prisión, tal cual lo prevé el delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico, y por el cual junto con otras 17 personas está siendo juzgado.

Antes de terminar el 2010, habrá lugar para que la querella y la fiscalía, a cargo de Marcelo Agüero Vera y Mariano Borinsky, den sus alegatos, para lo cual se utilizarán aproximadamente seis jornadas de debate. El juicio, que comenzó en octubre de 2008, se realiza los martes y viernes en Comodoro Py 2002.

Muchos estiman que enero- el mes de la feria judicial- el Tribunal Oral Penal Económico N 3, a cargo del juicio, se lo tomará como para ir redactando el veredicto. Al retomarse la actividad judicial en febrero, se prevé que las defensas, que son un total de 18, puedan alegar.

Por ello, es de esperar que el veredicto recién se conozca para los primeros meses del año próximo. Entre los acusados están Menem; el ex cuñado presidencial Emir Yoma; y el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión.

jueves, 11 de noviembre de 2010

Siguen las amenazas contra Burstein

                                                      
                                           
Luego que denunciara estar amenazado por presencias sospechosas en un local comercial de su propiedad, Burstein, quien realizara la denuncia que diera origen a la causa por las escuchas telefónicas ilegales, asegura que aún es víctima de amenazas. En esta ocasión, le dieron un mensaje por medio de su hermano: que se "deje de joder".

"Decile a Sergio que se deje de joder", escuchó el hermano de Burstein que le dijo una voz desconocida al atender el portero eléctrico de su casa, y ese episodio se sumará a otro de poco antes en el que dos desconocidos preguntaron por quien fuera una de las víctimas del espionaje telefónico ilegal.

Según contó Burstein a este periodista, el primer hecho ocurrió en paralelo a que él vaya a la Comisión Investigadora de la Legislatura a dar su testimonio, y la cual terminó en escándalo.

Burstein, en compañía de un custodio que le fue asignado, estuvo el pasado miércoles en el quinto piso del Palacio de Tribunales, en donde acompañó al joven a quien le alquila el local ubicado en la calle Libertad en su intersección con Sarmiento, en pleno Microcentro.

Ese joven fue quien recibió en el local la visita de dos desconocidos que le preguntaron si estaba Burstein, y que relación había entre ellos. Incluso, a los pocos días el inquilino del local los vio merodeando la zona. El miércoles dio su testimonio ante el fiscal federal Jorge Di Lello, a quien le fue delegada la investigación.

Ahora, Burstein pondrá en conocimiento al fiscal de este nuevo hecho en el que le dejaron un mensaje por intermedio de su hermano.

La causa por las escuchas telefónicas ilegales que involucra al Jefe de Gobierno Mauricio Macri, tuvo su origen cuando alguien aún no identificado llamó a la casa de Burstein y le avisó que su teléfono estaba pinchado por orden del ahora detenido ex Jefe de la Policía Metropolitana Jorge "fino" Palacios. Según consta en la causa, tanto Palacios como Macri tuvieron interés en escuchar a Burstein.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Cuando la Justicia se aleja del sentido común y hace diferencias

En el término de una semana y una atrás de la otra, dos resoluciones que tomó la Justicia dieron evidencias de falta de sentido común, pero por sobre todas las cosas, un profundo sentimiento de que no todos somos iguales ante la Ley. El cura Julio Grassi, quien cuenta con una condena confirmada de 15 años de prisión por abusar sexualmente de un menor, sigue en libertad y a diferencia del resto de los mortales goza del beneficio de no ir a prisión. El martes, la Sala I de la Cámara en lo Penal de Morón por mayoría optó por considerar que no correspondía a ellos determinar si el cura debía o no ir a la cárcel, tal cual ocurriría con cualquier otra persona que incluso tuviese condena por un delito menor. Concretamente, los jueces dijeron que no son ellos quienes deben resolver el pedido de detención que hizo la fiscalía y las querellas, y a partir de allí se abre un interrogante que ya nadie se atreve a contestar: ¿si no lo hizo el propio Tribunal al condenarlo, si no lo hizo la Cámara de Casación Bonaerense tampoco, quien o quienes serán aquellos que hagan que el cura cumpla con la condena?. Ahora, las espectativas están puestas en la Suprema Corte Bonaerense (donde hay varios recursos planteados), pero es incierto si allí se definirá si va o no a la cárcel, ya que incluso luego tendrá la posibildad de recurrir ante la Corte Suprema de la Nación. El Tribunal Oral Criminal N 1 de Morón, el mismo que lo condenó a 15 años de prisión en 2009, al volver a evaluar si ordenaba su detención semanas atrás, cosa que rechazó, adelantó que corresponde hacerlo una vez que el cura agote todas las instancias recursivas. Con esa decisión, el Tribunal mostró que en el sistema judicial argentino claramente existen las diferencias de oportunidades que tienen los acusados. Mientras las cárceles están superpobladas, y muchos de los detenidos lo están sin condena, Grassi sigue en libertad y luego de demostrarse que abusó  sexualmente de un menor de edad.
Pero si había algo que pudiese dar más indignación y sobre todo la sensación de que aún hay impunidad para algunos, se conoció que el ex presidente Fernando De la Rúa resultó sobreseído en la causa por homicidio culposo de cinco manifestantes durante la histórica y dramática jornada del 20 de diciembre de 2001. La Sala II, por dos votos contra uno, confirmó lo que meses atrás había dicho el juez Claudio Bonadío, y desvinculó casi en forma definitiva a De la Rúa de la causa. Básicamente, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun dijeron que De la Rúa estaba exceptuado de "hacerse cargo de custodiar personalmente cómo las fuerzas de seguridad cumplen sus tareas", esto es, la salvaje represión que arrojó cinco muertos en la Capital Federal. También consideran que "no es posible, en este marco,
atribuirle (a De la Rúa) una falta de diligencia debida, sino que, por el contrario, todo indica que efectuó el
control que su posición le encomendaba". Sí, hablan que tuvo "control", lo que no parece indicar tal cual ocurrieron los hechos. Tal vez, más sentido común tiene el voto del camarista Horacio Cattani (quien optó por confirmar el procesamiento) al recordar que los hechos de violencia empezaron la jornada del 19, antes de las muertes, y eso era una "evidencia de que las fuerzas policiales podían cometer excesos". Para los jueces De la Rúa no estuvo personalmente a cargo del operativo de seguridad y no tenía la obligación de estarlo, pero ¿acaso no era el Jefe máximo? y si hubiese asumido ese rol en serio no tendría que haber actuado para evitar el derramamiento de sangre. Entonces, cómo se explica que no hizo nada, hubo muertos y heridos, y no tiene que responder por su inacción.
Una semana dificil para hablar de LA JUSTICIA cuando se conocen estas dos decisiones, que se alejan mucho del sentido común, y nos hacen sentir que no todos somos iguales y que no todos tenemos el mismo trato.

sábado, 6 de noviembre de 2010

Problemas sobre quien resuelve el pedido de detención de Grassi

Si bien es la Sala I de la Cámara en lo Penal de Morón la cual tiene pendiente desde principio de octubre un pedido de detención contra el cura Grassi, condenado por abuso sexual, su definición se vio demorada ante la dificultad de integrar el Tribunal. Ahora, los jueces analizarán si son o no competentes para intervenir, y luego recién se sabrá si ordenan o no el arresto.


La Sala I de la Cámara en lo Penal de Morón recién ahora pudo definir su integración, luego de la excusación del camarista Fernando Bellido (quien intervino años atrás en la causa), al ser designada contra su voluntad la jueza de la Sala III Elisabet Fernández, según se plasmó en una resolución esta semana.

La jueza Fernández se negaba a ser designada para conformar la Sala, y había sugerido que sea resuelto por los dos magistrados que originalmente integran el Tribunal. Pero fracasó en su proyecto, ya que no había otros camaristas que pudiesen haber sido nombrados, en razón de que o bien están excusados o recusados por la defensa del sacerdote.

Ahora, Fernández, Fabián Cardoso y Mario Moldes deberán analizar en los próximos días si son competentes o no para resolver los pedidos de detención inmediata contra el sacerdote, los cuales fueron presentados por la fiscalía y las querellas. En caso de aceptar intervenir, se prevé que se cite a algunas de las partes a ampliar los fundamentos por los cuales solicitan la prisión y luego, recién ahí lo definirán.

Es de prever que recién pueda haber una definición luego de mediados de este mes, y mientras tanto, Grassi, quien cuenta con una condena de 15 años de prisión por abuso sexual sigue libre, pese a que el fallo fue confirmado por la Cámara de Casación Bonaerense semanas atrás.

Grassi fue condenado el año pasado por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores en perjuicio del entonces menor de edad conocido con el nombre de "Gabriel", pero desde entonces aún permanece en libertad y sólo está sujeto a algunas reglas de conducta.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Denuncian escalada de brutalidad policial en Jujuy

Lo hicieron organizaciones sociales al denunciar que la policía provincial aplica golpizas y métodos de tortura. Además, piden la intervención del Poder Ejecutivo y la Justicia ya comenzó a recibir las primeras denuncias de personas que habrían sido víctimas del accionar policial.


La Corriente Clasista y Combativa (CCC) de la provincia denunció una escalada de violencia por parte de la policía local, y en particular a los efectivos de la Comisaría 4ta, ya que "
utiliza como método de investigación de la verdad la tortura y los apremios".

Uno de los últimos hechos se produjo a principios de octubre, cuando una movilización de mujeres y jóvenes intentaban hacer cumplir el compromiso por parte de la Dirección de Transporte Provincial de dar un micro o pasajes para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Entre Ríos.

Según denuncian, ante la manifestación, la policía reprimió, y la abogada Mariana Arias presentó ante la Justicia el caso de dos jovenes que fueron víctimas del accionar policial. El de César Angulo, quien relató haber perdido el conocimiento por los golpes que le dio la policía en el lugar, y que incluso hasta tuvo que recibir hospitalización en el centro sanitario Pablo Soria, donde llegó todo ensangrentado.

El otro caso es el de Pablo Alba, quien fuera detenido en el mismo lugar - y según denunciara- recibió golpes en la terminal de ómnibus, en un patrullero, y mientras estuvo alojado en la comisaría 4ta.

"No se trató de un hecho aislado, en la Seccional 4ta hay denuncias de hace dos semanas atrás en la Regional Policial de Ciudad de Nieva, ante allanamientos ilegales de parte de personal de la misma seccional en el B° Mariano Moreno, luego de estar “bebiendo alcohol” los uniformados, con golpizas de éstos hacia otros jóvenes en el momento de las detenciones y después e incluso con intentos de abusar sexualmente de una joven a quien liberaron inmediatamente", señalaron los denunciantes.